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Novartis, Pfizer y otras farmacéuticas, demandadas por inflar el precio de medicamentos

Más de dos docenas de farmacéuticas enfrentan un duro juicio en donde se les acusa de ponerse de acuerdo y alzar artificialmente el precio de sus productos
  • Entre los medicamentos involucrados en esta demanda se cuentan Xalatan, Differin, Dilantin, Ritalin y Lotrimin AF

  • Algunos voceros de las farmacéuticas reafirmaron que las acciones de sus empresas no son en contra de la ley

  • Otros apuntaron que no se han encontrado evidencias de manipulación de precios en sus operaciones

El universo de los medicamentos genéricos tiende a ser bastante controversial. Por una parte hay farmacéuticas que generan compuestos muy inferiores a la composición original, a veces para peligro del paciente. También varios laboratorios han tratado de extender sus derechos de autor de forma que su extensa inversión pueda generarles ingresos exclusivos por mucho más tiempo. Y por supuesto, hay una constante lucha por encontrar precios más redituables.

Por desgracia, parece que muchas farmacéuticas de Estados Unidos (EEUU) se habrían aliado en contra del consumidor para su beneficio. De acuerdo con Reuters, autoridades americanas han lanzado una demanda contra 26 marcas de la industria por presuntamente conspirar para alzar el precio de medicamentos genéricos. Entre las compañías que se mencionan dentro de este proceso se cuentan Sandoz de Novartis, Pfizer, Teva Pharmaceuticals de Actavis y Mylan.

Concretamente se les acusa a las farmacéuticas de reducir la competencia en el sector y subir los precios de varios medicamentos genéricos. Esta manipulación del mercado habría estado en marcha entre 2009 y 2016, afectando a más de 80 compuestos en EEUU. El proceso fue lanzado por los fiscales generales de 46 estados, cuatro territorios y el Distrito de Columbia. Asimismo, se espera que otros 10 ejecutivos de las empresas respondan por sus acciones.

Nueva crisis para las farmacéuticas

Este proceso legal representa un giro de 180 grados frente al panorama que había vivido esta industria los últimos meses. Las farmacéuticas Gildead y AstraZeneca generaron olas el fin de semana ante la posibilidad de una eventual fusión. Sanofi también generó un conflicto entre Francia y EEUU por sus planes sobre cómo distribuir un tratamiento o vacuna de la COVID-19. Y no hay que olvidar a Moderna, cuyas acciones se dispararon por avances en la pandemia.


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Las acusaciones de EEUU sobre estas farmacéuticas no son menores. Básicamente se les está por juzgar a raíz de un presunto proyecto intencional para engañar al consumidor, ahogar a la competencia e incrementar sus ingresos ilegalmente. La decisión de las cortes no solo va a ser cuantiosa, incluso hasta mortal, en caso que se les comprueben estos cargos. También podría destruir por completo los avances que han logrado durante la pandemia en su imagen.

Pero tal vez más importantes podrían ser las repercusiones globales en el largo plazo. Si estas farmacéuticas son declaradas culpables en EEUU, podrían empezarse juicios similares en otros territorios. Esto ciertamente contribuiría a poner a estos grupos en una posición aún más vulnerable. A eso se le debe sumar que tal vez se diseñen nuevas reglas que refinen cómo se comportan los medicamentos genéricos en el mercado, afectando aún más sus ingresos.

Costos de una gran investigación criminal

No solo se le ha acusado a estas farmacéuticas de llevar a cabo actividades ilegales en sus respectivos mercados. Por ejemplo, Google constantemente está en juicios y procesos por presuntas violaciones a la privacidad de sus usuarios. McDonald’s, por poner en riesgo a sus empleados, hace poco recibió un proceso que suele usarse para cerrar clubes de strip tease. Y  a Uber ocasionalmente la llegan a acusar de explotar a sus socios conductores y repartidores.

Y al igual que en estos casos, las farmacéuticas tienen mucho que perder de esta demanda. En datos de Supply Wisdom, estas disputas podrían costarle a las marcas su relación con un par de proveedores o ante su personal. Workforce apunta que también podría limitar qué tan efectiva es la gobernanza de la empresa en cuestión en el largo plazo. Por su lado, Insureon cree que puede crear una imagen deshonesta o poco auténtica a corto o hasta a largo plazo.

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