México, DF.- La reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones incluye capítulos en los que se refiere a las redes de internet y las cláusulas que explican diferentes motivos por los que las autoridades podrán solicitar a los proveedores información sobre los usuarios, así como peticiones de bloqueos de las señales.
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Esto ha generado un intenso debate en redes sociales, al grado que se realizaron manifestaciones públicas, el martes 22 de abril, en diversos estados de México, para exigir que internet sea libre y no se imponga ningún tipo de control.
De acuerdo con el abogado Joel Gómez existen tres puntos que deben quedar claros respecto al argumento oficial de exigir los datos de los usuarios de internet ante casos que pongan en riesgo la seguridad, además de las consecuencias que esto tendría.
1.- Una de las investigaciones que justifican estas acciones es la de delitos contra la paz y la seguridad de las personas, delitos conocidos como “amenazas”. Por ejemplo, cualquier insulto que reciba un político, un magnate o una figura pública en redes sociales podría forzadamente considerarse como “amenaza”, y de ahí se detonaría toda una investigación cibernética al mero estilo de películas gringas.
2.- Esta serie de peticiones las pueden formular tanto los Procuradores como los “servidores públicos en quienes se delegue esta facultad”. Anticipo que cualquier ministerio público podría tener esta facultad delgada, y si alguno de ellos fuese corrupto o estuviere al servicio de la delincuencia organizada (cosa seg poco probable), pues es comprensible que esta facultad podría usarse a diestra y siniestra para acabar con “la competencia” o para silenciar o apaciguar a personas incómodas.
3.- Por último, ¿se imaginan los millones de pesos y recursos humanos que los concesionarios de telecomunicaciones y proveedores de servicios de internet deberán gastar para poder cumplir con estas obligaciones? Esto sin duda se traducirá en un aumento -tal vez considerable- en el precio de los servicios.
Después de haber realizado foros y las muestras de rechazo popular por esta iniciativa, las bancadas del PAN y PRI en el Senado dieron entrada a la propuesta, con el rechazo de los partidos de izquierda, y de acuerdo con la información de los senadores, ésta ley podría quedar aprobada el próximo viernes 25 de abril.
