Desde hace cincuenta años el mundo mágico de Disney, capitaneado por su icónico líder Walt Disney, contemplaba construir un nuevo parque temático que le llevara a tener el éxito que en la costa oeste americana consiguió.

La mira apuntaba a Florida, y uno de los retos representaba cabildear con las autoridades de la época la decisión que le significaría a este centro turístico contar con un centro de diversiones que le daría una gran cantidad de empleos y una considerable derrama económica . Un dato actual, antes de la crisis del COVID Disney en Orlando, generaba 77 mil empleos.

En poco más de 100 kilómetros cuadrados, un lugar más grande que Mónaco, el Vaticano, Nauru y San Marino, la compañía desarrolló este gran parque temático que ayuda a generar de manera global, 16,550 millones de dólares al año. Disney gana por hora, 6 millones 294 mil dólares.

Una empresa de tal magnitud no le es indiferente a ningún gobierno y para el estatal de Florida no fue la excepción, al contemplar en 1967 un trato especial a través de la creación de una figura legal, denominada The Ready Creek Improvement District, el famoso RCID.

El RCID, le permitió a Disney, construir el parque fuera del marco regulatorio de los condados vecinos, Orange y Osceola pero con la condición de que el corporativo se hiciera cargo del desarrollo e infraestructura sin apoyo gubernamental.

Una junta de gobierno integrada por cinco miembros, seleccionados por los dueños, supervisan los trabajos y ejecutan las directrices tomadas en la misma.

La asociación se encarga de asuntos tan diversos como la generación y la distribución de energía, de la reglamentación, los códigos de construcción y de los servicios públicos como la seguridad, los bomberos y de los servicios médicos.

A este tipo de acuerdos empresa- gobierno no se le ven fisuras, y debiera ser un modelo a imitar para ciertos sectores, toda vez que es un agreement basado en el concepto ganar- ganar y que solo los líderes políticos con espíritu de promotores del desarrollo económico, entienden en su real dimensión pues saben que proporcionan bienestar social.

Hasta este punto de la historia todo iba bien.

¿Qué pasó entonces?…

El Gobierno Republicano de Florida, que preside Ron de Santis, propuso una ley que dirigía sus baterías a segmentos poblaciones que se vieron excluidos en sus derechos y que muchos de estos forman parte de Disney dando lugar a una guerra de posturas que pone en peligro el acuerdo de RCID y con éste, la estabilidad de la mayor empresa del entretenimiento en el mundo.

Un dato interesante es que la empresa ha sido una regular contribuyente en las campañas electorales republicanas y este hecho no pareció importarle a De Santis que revisa con su staff la conclusión de esta crisis.

Un problema adicional es que, si la legislatura floridiana revierte este acuerdo, los condados vecinos deberán asumir los gastos de infraestructura que en el caso de Disney son cuantiosos.

Un caso de alta negociación que debe revisar todas sus aristas.

Nos encontraremos más adelante.