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Kaspersky quiere que el gobierno de Trump revoque la prohibición de su software

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La compañía con base en Rusia acusa a Estados Unidos de dañar su reputación corporativa y negocios bajo acusaciones “sin ninguna evidencia”.

La batalla entre el gobierno de Donald Trump y la empresa de de ciberseguridad Kaspersky Lab tiene un nuevo capítulo y, en esta ocasión la disputa se trasladará a los tribunales.

Esta semana la firma con base en Moscú informó que solicitó a un tribunal federal de Estados Unidos revocar el veto federal que aplica a todos sus productos en todas las oficinas de gobierno estadounidense.

Todo tiene su origen en una directiva que ordenó el Donald Trump a través del Departamento de Seguridad Nacional en septiembre pasado y que exigía que todas las oficinas federales eliminaran todo software del de Kaspersky Lab en un plano no mayor a 30 días.

Este plazo no sólo se cumplió este diciembre, sino que la semana pasada, el presidente estadounidense promulgó una ley que prohíbe el uso de Kaspersky Lab dentro del gobierno de Estados Unidos.

La postura estadounidense se debe a la sospecha de que los productos de la compañía de ciberseguridad podrían ser vulnerables a la influencia del gobierno ruso, todo esto sucedió en el contexto de la presunta influencia de Moscú en las elecciones presidenciales de EEUU y su intromisión a través de redes sociales y digitales (Google, Facebook y Twitter tuvieron que comparecer).

Pero, Kaspersky Lab ha negado en varias ocasiones las acusaciones del gobierno estadounidense, argumenta que siempre ha expresado su disposición por cooperar con las investigaciones -apelando a su política de transparencia-, pero el veto continuó.

La firma rusa de ceiberseguridad buscó, a través de diversas acciones, contrarrestar el impacto en su imagen y recuperar la credibilidad, ya que no sólo enfrentó la pérdida de clientes corporativos, también la percepción del usuario ‘común’.

Ahora, a unos días de la ley promulgada por Trump, Kaspersky Lab interpuso el recurso de apelación en el tribunal federal de Departamento de Seguridad Nacional alegando que el veto es “inconstitucional y se basa en fuentes públicas subjetivas y no técnicas, tales como informes de medios no corroborados y, a menudo anónimos, reclamos y rumores relacionados”.

No sabemos hasta dónde va a apretar el asunto, pero es muy probable que la compañía rusa esté dando muestra de que no intervino en las elecciones o colaboró con el gobierno ruso para hacerlo. Al final, su reputación corporativa está en juego, además de los millones de clientes que tiene en el mundo.

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