Dentro de los actores primordiales que influirán de manera indiscutible en las campañas electorales presidenciales están los medios de comunicación que, en teoría, deben cumplir la función de difundir las propuestas de los candidatos para lograr en el electorado un voto consciente, informado e inteligente.

Además de los 53 millones de spots en los que —idealmente— los partidos políticos presentarán sus mejores promesas de campaña, así como en los argumentos presentados en los tres debates que organizará la autoridad electoral, los votantes elegiremos al próximo presidente con base en la imagen que nos generen los medios de comunicación de cada candidato.

A pesar de que es el Instituto Nacional Electoral (INE) el encargado de regular la propaganda que se difunde a través de los medios, para que ésta sea equitativa -en un esquema en el que prohíbe que los partidos contraten por su cuenta espacios publicitarios, y sobre todo, publirreportajes o notas compradas-, para nadie es novedad que los medios tienen agendas internas que obedecen a múltiples intereses que regularmente influyen en sus líneas editoriales, y en muchos casos, de manera descarada y hasta dolosa.

Los últimos días del 2017 estuvieron marcados por un interesante debate que tiene que ver con la ética periodística y la tendencia de algunos medios por favorecer la imagen de algunos candidatos o del propio gobierno en turno.

El primer detonante de esta navideña polémica fue la publicación del reportaje de New York Times que colocó en la agenda la discusión por el desmedido uso de recursos públicos para la promoción del Estado y sus instituciones en pautas publicitarias compradas a prácticamente todos los medios de comunicación mexicanos.

El segundo fue la publicación de contenidos que a simple vista pretendían favorecer y dar una exposición mayor a la imagen de José Antonio Meade, en contraste a la otorgada a otros candidatos.

En la recta final de diciembre y sin tratarse de bromas por el Día de los Santos Inocentes, los ciudadanos fuimos testigos del tuit de Joaquín López Dóriga que mostraba la foto de la esposa de Meade comprando su despensa en un supermercado, captada presuntamente de manera infraganti.

Además, pudimos leer la publicación de una nota en El Heraldo de México titulada “El primer Millenium Baby mexicano cumplirá 18 años y votará por Meade”, así como la columna “Juana, el Milagro”, firmada en Milenio por Ricardo Alemán, en la que el columnista asegura que Juana Cuevas, esposa de Meade, es “factor de diferencia y motor de cambio” para las próximas elecciones.

Aunque el reportaje del New York Times sólo puso en la mesa la discusión del uso del erario para la autopromoción, inútil, en todo caso, a juzgar por los altos niveles de desaprobación de los que sufre el Ejecutivo, sí fue de utilidad para que la población poco enterada del tema cayera en cuenta de verdades dolorosas como que el dinero de los impuestos que paga sirve para mantener a muchos medios de comunicación (y para mantenerlos callados o diciendo lo que se les dicte).

En el caso de la información que concierne al candidato del PRI, Partido Verde y Nueva Alianza, terminó de abrir los ojos para aquellos despistados que aún no sabían que incluso el medio aparentemente menos tendencioso suele otorgar más proyección a uno u otro candidato.

Podríamos tomar la actitud de apedrear a los medios y sus periodistas por esta situación, pero también debemos entender que vivimos en una realidad en la que el cambio de modelo de negocio pone en vilo la economía de muchos medios de comunicación, los cuales, lamentablemente, tienen que hacer a un lado la ética y la equidad con tal de sobrevivir.