La infraestructura y personal médico en las instituciones de salud pública en México enfrentan un gran reto ante el coronmavirus, lo que para muchos de los pacientes supondrá cubrir sus necesidades médicas con recursos propios.

Este problema no es algo que se haya derivado gracias al brote de COVID-19 que ahora mismo enfrenta el país. Se trata de un problema sistemático que ha sido relevando desde hace ya varios años atrás.

Mexicanos pagan su salud

Para ponerlo en contexto basta con reconocer lo que sucede con los consultorios ubicados en farmacias, establecimiento que se han convertido en una solución costeable y accesible para gran parte de la población y que atienden a un gran número de personas, incluso por encima de las clínicas de salud pública.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), 43 pesos de cada 100 pesos que se destinan a tratamientos de salud provienen del gasto de los hogares mexicanos, lo que supone el doble del promedio de la OCDE.

Esto sucede cuando en México el 52 por ciento de la población es atendida por instituciones de seguridad social pública, como el IMSS e ISSSTE y el 48 por ciento restante lo hace con recursos propios en centros de atención privados.

Este escenario ha dado un punto importante de crecimiento para los consultorios anexos a farmacias, mismos que hasta el 2018 según datos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), atendían cada mes a 10.6 millones de personas, superando incluso al número de pacientes que acuden al ISSSTE o al IMSS.

Factura por tratamiento de COVID-19: 283 mil 591 pesos

En medio de la pandemia, y ante este escenario, muchas personas en el país que cuentan con un seguro de gastos médicos mayores han recurrido a servicios de atención médica privados para tratarse por coronavirus, mismos que han gastado en promedio cerca de 283 mil 591 pesos.

Así lo revelo la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, misma que en una primera evaluación (con cierre al pasado 6 de abril) ha indicado que sus compañías y firmas socias han cubierto a 151 personas diagnosticadas y atendidas en hospitales privados.

En este sentido, 19 aseguradas han atendido reclamos por 42.82 millones de pesos, de la cuales 37 por ciento de las reclamaciones han sido por un monto superior a los 20 millones de pesos. 

Es importante mencionar que los gastos por internamiento en unidad de cuidados intensivos representa el 51 por ciento del monto total reclamado, 60 por ciento se relaciona con internamiento hospitalario y sólo 7 por ciento por tratamientos ambulatorios.

Garantías de salud

Con estas cifras y considerando que los mexicanos costean gran parte de sus tratamientos de salud, las preocupaciones ante la inminente llegada de la Fase 3 son claras.

Para las marcas relacionadas con el cuidado de la salud esto supone una oportunidad importante para ubicarse como aliados de los consumidores, mismos que ahora se sienten desprotegidos ante la fragilidad del sistema de salud público.

Recordemos que, de acuerdo con cifras de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), sólo entre 5 y 10 por ciento de la población cuenta con ingresos suficientes para hacer frente a una enfermedad o accidente grave, mientras que el 22 por ciento de los mexicanos trabajan por cuenta propia sin ningún tipo de seguro según datos de Condusef.