El programa IMMEX, o Programa de Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación, permite a las empresas importar temporalmente mercancías para su uso en procesos industriales o de servicios destinados a la exportación, con beneficios fiscales. Facilita la importación de insumos y maquinaria sin el pago de impuestos a la importación y el IVA, siempre y cuando se utilicen en la producción de bienes que se exportan.

Este programa permitía introducir mercancías al país sin pagar aranceles e impuestos, siempre y cuando fueran destinadas a la reexportación. Sin embargo, gran parte de este calzado, principalmente de origen asiático, terminaba comercializándose dentro del territorio nacional a precios considerablemente más bajos que los de la producción local.

En el primer trimestre de 2025, México importó calzado por un valor de 517.3 millones de dólares, lo que representa un incremento del 11.8% respecto al mismo periodo de 2024. Las principales fuentes de estas importaciones fueron China, Vietnam e Indonesia.

Se identificó que la entrada de calzado terminado mediante el IMMEX, que no pagaba IVA ni se destinaba a la exportación. Ello generó un impacto negativo en la producción y el empleo del sector en México. Por ello, los fabricantes mexicanos de calzado solicitaron a las autoridades frenar estas prácticas abusivas y el contrabando técnico, es decir, la subvaluación de productos para evadir impuestos.

La industria del calzado en México tiene un peso económico importante, pues representa alrededor del 1% del PIB manufacturero y cerca del 0.22% del PIB nacional. A nivel minorista, el PIB del comercio de calzado alcanzó $3.37 mil millones de pesos en el cuarto trimestre de 2024, con un crecimiento del 10.5% anual y del 5.24% trimestral. La producción nacional en el mismo año fue de 142 millones de pares, de los cuales 106.6 millones se fabricaron en Guanajuato.

Para resolver este problema, el Gobierno de México anunció un decreto que prohíbe la importación temporal de calzado terminado, bajo el INMEX. Con la entrada en vigor de este decreto, cualquier importación de calzado, especialmente proveniente de países sin tratado de libre comercio, deberá pagar un arancel mínimo del 25%, buscando frenar el contrabando técnico, la subvaluación en aduanas y las prácticas de dumping que han afectado a la industria mexicana del calzado durante los últimos años.

Sin embargo, la medida de prohibir la importación temporal de calzado tiene una doble lectura en términos económicos: por un lado, para los productores nacionales representa una oportunidad de recuperación, pues pueden aumentar su participación en el mercado; pero los importadores de calzado terminado deberán pagar un arancel mínimo del 25%.

Con esta medida se protegerán alrededor de 130,000 empleos directos que dependen de este sector. Era necesaria, pues entre 2019 y 2024 la industria mexicana perdió 123 fábricas y más de 14,000 empleos debido a la competencia de productos importados a precios bajos, de acuerdo con datos de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG).