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En Japón, se espera que quienes ocupan cargos públicos o de liderazgo mantengan un comportamiento intachable, dentro y fuera del trabajo.
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Según el National Personnel Authority, más del 60% de las sanciones disciplinarias entre 2021 y 2023 fueron por conductas no delictivas, pero consideradas éticamente inapropiadas.
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La ley japonesa contempla como hurto cualquier acción con intención de obtener más de lo pagado, sin importar el valor económico del acto.
En Japón, donde la ética pública se mantiene como un pilar fundamental de la vida profesional, incluso el más mínimo desliz puede tener consecuencias irreversibles. Un director de secundaria de 59 años en la ciudad de Takasago, prefectura de Hyōgo, aprendió esta lección de la forma más dura: al servirse repetidamente un café más grande del que pagó en una tienda Seven Eleven, terminó perdiéndolo todo.
Aunque el monto económico del “engaño” apenas superaba los 490 yenes, unos tres dólares, su conducta fue considerada una transgresión grave. Durante siete visitas, el hombre pagó por un café pequeño (110 yenes) pero activó la máquina para obtener uno grande (180 yenes). Aunque, la tienda no presentó cargos legales, sí notificó a la Junta de Educación, que optó por aplicar una sanción ejemplar.
La respuesta fue fulminante: fue destituido de su cargo, se le revocó la licencia como docente y hasta perdió el derecho a su pensión, valuada en más de 20 millones de yenes (alrededor de 133 mil dólares).
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Este caso ha abierto una discusión nacional sobre los límites entre el castigo y la justicia, y hasta qué punto se debe preservar la imagen institucional por encima de la proporcionalidad. En Japón, actos que en otros países se considerarían menores pueden marcar el fin de una carrera, pues la cultura prioriza la rectitud incluso en las acciones más cotidianas.
Según medios especializados como Japan and More, en el contexto legal japonés, acciones como esta pueden ser clasificadas como hurto al existir una intención consciente de obtener más de lo que corresponde. Una taza de café se convirtió así en símbolo de cómo, en Japón, el precio de perder la confianza social puede ser mucho más alto que cualquier cantidad de yenes.
Y es que, la ética profesional y la conducta moral son pilares fundamentales tanto en el sector público como privado. La sociedad japonesa mantiene estándares muy altos respecto al comportamiento individual, particularmente entre quienes ocupan cargos de autoridad o representación, como maestros, funcionarios o directivos escolares. Una falta menor puede considerarse una grieta en la integridad personal y, por lo tanto, ser motivo de consecuencias desproporcionadas a los ojos del mundo occidental.
Según un estudio del National Personnel Authority, entre 2021 y 2023 más del 60% de las sanciones disciplinarias a funcionarios públicos estuvieron relacionadas con faltas de conducta que no constituían delitos penales, sino violaciones éticas como el uso indebido de fondos, mal comportamiento fuera del trabajo o incumplimiento del deber. En muchos de estos casos, las consecuencias incluyen la destitución, la pérdida de la licencia profesional e incluso la cancelación de pensiones o bonos acumulados durante décadas.
Además, Japón cuenta con una figura legal específica para el hurto, que se define no solo por la apropiación de bienes ajenos, sino también por el “engaño deliberado” para obtener más de lo pagado, sin importar el valor monetario. En este sentido, lo simbólico pesa más que lo cuantitativo: lo que está en juego es la confianza pública.
Un informe del Japan Times destaca que esta mentalidad se basa en la noción de “meiwaku” (molestia o daño al entorno), que sostiene que cada acción individual debe considerar su impacto social. Así, un acto deshonesto, aunque pequeño, puede percibirse como una amenaza al equilibrio colectivo, generando reacciones institucionales drásticas.
Este contexto explica por qué Japón aplica castigos ejemplares incluso ante faltas menores: para preservar la imagen de rectitud que su sociedad espera de quienes ejercen cargos públicos o educativos. El objetivo no es solo sancionar, sino enviar un mensaje claro: la confianza se gana con décadas, pero puede perderse en segundos.
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