La Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Pepnna) determinó que lo que hicieron hace dos fines de semana Samuel García y Mariana Rodríguez fue la sustracción de un niño del Centro de Asistencia Social Capullos, ya que no se cumplieron los pasos legales pertinentes.
Según la investigación, al llevarse al niño del DIF de Nuevo León para una “convivencia familiar” por parte del Gobernador de este estado y su esposa, se violó la ley ya que no hay abierto un proceso de adopción que vincule al niño con esa familia.
Por medio de un comunicado, el SNDIF señala que por el pedido de información de la Procuraduría de Protección para Niñas, Niños y Adolescentes de Nuevo León, desde hace 3 meses el niño “recibe visita diaria por parte de Mariana Rodríguez Cantú”, aunque no se aclaran las razones de las convivencias.
En el comunicado, se detalla que el DIF autorizó la salida del niño bajo responsabilidad de Mariana Rodríguez, por representar “una figura significativa”.
Tras el análisis de las informaciones recibidas se entiende que “no existe un proceso de adopción en curso que involucre al niño, ni tampoco a la familia integrada por Samuel García Sepúlveda y Mariana Rodríguez Cantú”, dice textualmente el comunicado.
La PFPNNA detalló que la Procuraduría de Protección y el Director del Centro de Atención Integral al Menor y la Familia, ambos organismos de Nuevo León, habilitaron para que el niño fuera entregado bajo resguardo del matrimonio que integran García y Cantú por un fin de semana a modo de “medida especial”, publica El Universal.
El texto agrega que “no se proporcionó evidencia que acredite que la medida se emitió con las formalidades que exige la ley, como lo es que se encuentre por escrito, debidamente fundada y motivada, así como apegada al interés superior del niño, conforme se solicitó en el requerimiento de información”.
Mariana Rodríguez y Samuel García publicaron fotos en Instagram del bebé
En Instagram, la pareja compartió fotografías con el niño, hecho que fue calificado como violento por la ONG Redim (Red por los Derechos de la Infancia en México).
Redim dijo en un comunicado que “un niño o niña en un centro de atención del DIF es ‘per se’ víctima de violaciones previas a sus derechos”, a partir de lo cual pide la intervención del Estado para dar garantía y protección.
“Sin importar que detrás de estos hechos pudiera haber una aparente motivación humanitaria, es fundamental recordar que niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y que es obligación del Estado, y de sus representantes, velar por estos derechos”, decía Redim.
Y agregaba: “Hacemos un respetuoso y firme llamado a la señora Rodríguez, titular de AMAR Nuevo León, y al señor gobernador del estado de Nuevo León a actuar por la no cosificación de este niño, ni de ningún otro u otra”.
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