Los matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas son una realidad en muchas regiones del mundo y afectan, principalmente, a las niñas y adolescentes. A nivel mundial, se estima que hay más de 700 millones de mujeres se casaron cuando eran niñas o adolescentes, más de un tercio de ellas, antes de que cumplieran 15 años. 

En México existe esta misma tendencia: aproximadamente 1 de cada 5 mujeres es obligada a contraer matrimonio siendo niña o adolescente, en su mayoría unidas con un hombre mayor que ellas (por lo menos 6 años mayores). 

En 2020, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó que en el país había más de 313 mil niñas, niños y adolescentes en un matrimonio o unión temprana; de los cuales, más de 18 mil son niñas y tienen entre 12 y 14 años. Asimismo, en septiembre del 2022, el INEGI registró un aumento del 23% de matrimonios en los que al menos una de las personas contrayentes era menor de edad, respecto a los ocurridos en 2020. La proporción de niñas y adolescentes casadas o unidas es mucho mayor que la de los niños y adolescentes. A partir de los 13 años, esta brecha crece progresivamente; situación que podría estar relacionada con la menarca, es decir, la primera menstruación.

Los matrimonios infantiles vulneran los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes; especialmente de las niñas y adolescentes, pues se ven despojadas de su edad, son expuestas a mayores riesgos de violencia, embarazo precoz, abandono escolar, menor acceso a la salud y pobreza. 

El 70% de las niñas que están casadas o unidas no acuden a la escuela, mientras que, para los niños en la misma situación, el 41% no asiste; esto quiere decir que 7 de cada 10 niñas no van a la escuela, mientras que, para sus pares niños, esta proporción es de 4 de cada 10. Por otro lado, el 33% de las niñas y adolescentes casadas o unidas que han sido madres, no están afiliadas a un servicio de salud, lo cual pone su vida en mayor peligro durante el embarazo, parto y puerperio. Además, la mayoría (52%) de las niñas y adolescentes casadas o unidas que han sido madres están afiliadas al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), lo cual las deja desprotegidas en términos de cuidados porque sus hijas e hijos no tienen garantizado el acceso a una guardería gratuita como la que ofrecen los sistemas de seguridad social (por ejemplo, IMSS o ISSSTE). Aunado a esto, al no existir un Sistema Nacional de Cuidados consolidado, el Estado las coloca en una situación de mayor vulnerabilidad en las tareas de cuidados de terceros; situación que impacta en su permanencia escolar y no se les garantiza su derecho al cuidado digno.

A lo largo del tiempo, en Save the Children hemos puesto especial atención a las complejidades que rodean la existencia del matrimonio y unión infantil; y observamos que las causas de ese problema descansan sobre normas sociales, estructuras de poder, violencia, pobreza y desigualdades de género arraigadas en las sociedades. 

Se puede y se tiene qué hacer algo. Es obligación del Estado y responsabilidad de la sociedad presentar alternativas y erradicar los factores de riesgo que orillan a las niñas al matrimonio infantil. Para lograrlo, los programas públicos deben ser claros y orientados a la atención integral de la problemática, tener continuidad a lo largo de diferentes administraciones gubernamentales y contar con presupuestos específicos.

Como integrante de la sociedad, te invito a que observes con curiosidad cuántas mujeres a tu alrededor fueron unidas o casadas a temprana edad, y sobre todo,  a reflexionar lo diferente que pudo ser su futuro y cómo, incluso, esto pudo aportar al crecimiento de nuestra comunidad. 

Las mujeres menores de edad deben de ser niñas y adolescentes, no esposas.