Por: Eduardo Ruiz-Healy
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En su sitio mexicoevalua.org, México Evalúa se define como “un centro independiente, apartidista que realiza evaluación de políticas públicas y propuestas para incidir directa y activamente en los procesos de administración pública y gestión de recursos gubernamentales. Con el apoyo de expertos (académicos y operadores), se realizan estudios imparciales que reflejan la realidad y cuyos resultados ofrecen recomendaciones y soluciones para mejorar la ejecución y los resultados de las políticas públicas. Concretamente, se plantean aspectos de mejora a nivel operativo, institucional y de gestión en los distintos niveles de gobierno”.
Hace unos días, México Evalúa dio a conocer su “Índice de víctimas visibles e invisibles de delitos graves” (IVVI), el cual “se centra en las víctimas, no sólo aquellas afectadas directamente por un acto criminal o violento sino también los seres cercanos. La familia nuclear que no puede ser indiferente y no queda exenta de sufrir los daños psicológicos o materiales que le siguen al acto criminal. Considerar a estas víctimas invisibles, a las que por lo regular no vemos y no contamos, nos ayudará a aproximarnos con más sentido de realidad al daño que el crimen violento está ocasionando en nuestra sociedad… Es un índice que se construye con indicadores de delitos violentos: homicidio, secuestro, extorsión, robo con violencia y robo de auto con violencia, como subconjunto del rubro anterior. Lo hace así con la intención de hacer un énfasis en los delitos que más daño infligen a las víctimas y por consecuencia a la sociedad… El IVVI se construye con la información oficial disponible y desafortunadamente refleja sus limitaciones. La fuente de información del índice es la base de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que a su vez se alimenta de los registros de incidencias de los ministerios públicos estatales. Esta es información que no ha sido auditada y que, como sabemos, sólo refleja los delitos que han sido denunciados: 20 por ciento del total, según se estima a partir de encuestas victimológicas”.
Lo que nos muestra el IVVI prueba y comprueba que la mayoría de los gobernadores de las 32 entidades del país no han querido o no han podido atacar a los criminales que cometen los delitos que a ellos, no al gobierno federal, les compete combatir y disminuir a su mínima expresión; delitos que golpean mucho más duro a la población que el del ilegal consumo de drogas. Más afecta a una persona y a una familia el delito que comete un homicida, un secuestrador, un extorsionador, o un ladrón o robacoches violento que un consumidor de mariguana, cocaína o éxtasis.
México Evalúa explica: “En todas las entidades federativas que integran la República Mexicana se han observado aumentos en por lo menos un delito violento en los últimos cinco años… En 27 entidades federativas aumentó el promedio mensual de homicidios de 2007 a la fecha. Sólo disminuyeron en Baja California Sur, Hidalgo, Oaxaca, Tabasco y Veracruz… En 24 entidades federativas aumentó el promedio mensual de víctimas de secuestro de 2007 a la fecha. Sólo en Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche y el Distrito Federal se registra un descenso al comparar el promedio mensual de 2011 con respecto al de 2007… En 19 entidades federativas aumentó el número de víctimas de extorsión en los últimos cinco años. Baja California Sur, Chiapas, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora y Veracruz son los únicos estados que registran bajas al comparar el promedio mensual de 2011 con el de 2007… En 25 entidades aumentó el robo con violencia en los últimos cinco años. Se registran bajas en Campeche, Colima, Chiapas, Distrito Federal, Nayarit, San Luis Potosí y Sonora, al comparar el promedio mensual de 2011 con el de 2007… En 25 entidades aumentó el robo de auto con violencia en los últimos cinco años. Sólo se registran bajas en Baja California Sur, Distrito Federal y Tlaxcala.”
El IVVI nos muestra otra realidad que resulta insultante: la manera en que los gobiernos de varios estados decidieron dejar de reportar el número de diversos delitos cometidos durante varios años. Entre ellos: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Michoacán, México, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
