¿A quién se le ocurre que la delicada tarea de impartir justicia quede en manos de individuos sin experiencia que fueron electos simplemente por ser populares? Algo que no ocurre en otro país del mundo se pretende que ocurra en México.

La falacia oculta en la iniciativa de reforma al Poder Judicial es que la supuesta corrupción que allí impera se solucionará con que los Magistrados y Jueces sean electos mediante el voto popular. Una verdadera aberración, pues se trata de puestos de alto contenido técnico, cuya elección se hace actualmente por medio de filtros para comprobar trayectoria y competencia. Además, votar por jueces o agentes de la ley conlleva el riesgo de que quienes detentan  el poder se adueñen del Poder Judicial para utilizarlo en su favor. En el mejor de los casos, con ese absurdo ejercicio ganarán quienes sean los más populares, no los más capaces. La impartición de justicia estará en manos de quienes detentan el poder y de intereses ligados con el crimen organizado, no de expertos en la materia.

A premisas falsas, conclusiones equivocadas. El verdadero móvil de la reforma es la venganza. Es la respuesta a que el Poder Judicial se opuso a las reformas propuestas por AMLO, que requerían tanto de la mayoría calificada en las Cámaras y de la anuencia del Poder Judicial, que por supuesto no obtuvo. En venganza, orquestó la destrucción del mismo, mediante la propuesta de una reforma que de facto supeditará al Poder Judicial a los caprichos del Ejecutivo. 

Las leyes nacen de una necesidad colectiva que se pretenden solucionar. En contraste, la actual reforma judicial nació de una venganza, con lo cual está viciada de origen la reforma para mejorar los procesos judiciales, -que evidentemente deben modificarse, pues actualmente permiten abusos y corrupción-, es para que el gobierno tome el control de todo el aparato judicial.

El próximo domingo el “pueblo bueno y sabio” tendrá la tarea de elegir entre 3,423 candidatos para ocupar 881 cargos que deberán ocuparse con gente calificada y con experiencia para las exigencias de los mismos. Este reto desvela la inviabilidad del proceso. Esta inútil elección nos costará 13 mil millones de pesos, recursos que deberían ser utilizados para atender asuntos prioritarios como la salud o el combate a la delincuencia.

La coyuntura que vive el país enfatiza la inoperancia del ejercicio del 1 de junio. Es un momento por demás inoportuno. La delincuencia creciente por todo el territorio nacional traerá descontrol y caos, simplemente por el proceso de aprendizaje de los nuevos funcionarios judiciales, lo cual abrirá las puertas a los intereses más oscuros, aprovechando la falta de experiencia de los que llegan.

Hasta hoy la renovación de funcionarios del Poder Judicial es paulatina, producto de jubilaciones, fallecimientos o remociones por causas justificadas. Ahora enfrentará una remoción masiva.

Si bien entre los candidatos hay perfiles con experiencia, en la mayoría de los casos se elegirá a candidatos sin experiencia en las tareas judiciales. Aunque haya buenas intenciones, la curva de aprendizaje de tantos nuevos funcionarios conllevará altos costos.

El Poder Judicial no existe para representar los intereses del ciudadano, pues para ello está el Poder Legislativo, sino para impartir justicia con criterios técnicos. Quienes imparten justicia deben tener basta experiencia en ello, avalada por méritos profesionales. La procuración de justicia en el país requiere de conocimiento jurídico y experiencia que asegure eficiencia y eficacia. Por ello no debe llegar al cargo el candidato más popular, sino el más capacitado, -quien además-, debe garantizar solidez moral y compromiso ético.