La iniciativa de ley de Telecomunicaciones, aprobada recientemente por comisiones del Senado de la República, para que el gobierno federal pueda bloquear el uso de plataformas digitales y que una agencia del propio gobierno establecerá los lineamientos para este proceso, representa un riesgo de censura. El artículo 109 de la misma plantea que las autoridades competentes –sin precisar cuáles– podrán solicitar la colaboración de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones para el bloqueo temporal a una Plataforma Digital. Ello en casos de incumplimiento a disposiciones u obligaciones previstas en las respectivas normativas que les sean aplicables, las cuales tampoco detalla. Además, se contempla que sea la misma Agencia la que emita los lineamientos para regular el procedimiento de bloqueo de las plataformas.

Se entiende como plataforma digital cualquier servicio digital que permita ofrecer, proveer, comercializar o intermediar bienes o servicios, aplicaciones, productos o contenidos. Es decir, prácticamente cualquier sitio de internet.

Este planteamiento pone a discreción del gobierno la decisión de suspender el servicio de cualquier plataforma digital, sean redes sociales, servicios digitales como bancos, sitios de comercio electrónico y hasta sitios informativos o de consulta como portales de noticias o enciclopedias.

La iniciativa plantea una facultad genérica de la Agencia de establecer lineamientos para definir cuándo se puede bloquear una plataforma entera, cuándo de repente no vas a poder entrar a Facebook, a Instagram, a TikTok o YouTube o la que sea. Y eso es sumamente violatorio de los derechos humanos y de la libertad de expresión. Pero nuestra Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos no permiten una medida de esa naturaleza.

Los lineamientos contenidos en esta iniciativa se equiparan el cierre de una cadena de televisión o de radio, o a la suspensión de distribución de un periódico por el incumplimiento de alguna norma, aunque haya sido no sólo por una nota o contenido y no por el contenido completo de la cadena. Este eventual bloqueo podría afectar otros derechos más allá de la libertad de expresión, como la comunicación, los derechos de reunión o incluso derechos a la salud.

El senador Javier Corral propuso la posibilidad de que todo el articulado sobre plataformas, contenidos digitales y neutralidad de la red se incorpore en una iniciativa diferente de la que se conversa sobre telecomunicaciones y radiodifusión, aunque debieran ser ordenamientos paralelos precisamente por la convergencia tecnológica.

En sentido estricto, habría una ley separada para regular las plataformas o ecosistemas digitales y a la inteligencia artificial, que deje claro la diferencia de plataformas que se usan como medios y otras que tienen funciones empresariales o sociales.

Aunque las recientes discusiones hacen ver la posibilidad de que se elimine el artículo 109 y se reformulen los artículos 201 y 202 sobre propaganda política extranjera en medios concesionados en México, y también modificar la estructura “centralizada” en la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones para que en la materia se establezca un órgano desconcentrado gobernado por un consejo técnico e integrado por cinco consejeros que serían designados por la o el titular del Ejecutivo y ratificados por el Senado, el peligro para la libertad de expresión está latente. La percepción de que sería un órgano “controlado” por el titular de la agencia da paso a más de lo mismo. Por ello, se insiste en que sea un órgano descentralizado con autonomía técnica el que regule y supervise al sector.

Esta iniciativa, por lo menos, parte de diagnósticos claros sobre los principales cuellos de botella del sector que deberán incorporarse en la ley que se está analizando y conversando.

Es un hecho que el gobierno de la presidente Sheinbaum no renunciará a las posibilidades de control político que le ha abierto la desaparición del IFT ordenada en la reforma constitucional. El espíritu del consorcio no cambiará, aunque se buscará que ese nuevo órgano, que contendría la Ley de Medios y Plataformas Digitales, no pierda la mirada del objetivo de la 4T.

Esta no es la primera vez que el gobierno de Claudia Sheinbaum toma acciones contra el contenido difundido en redes sociales. Anteriormente, se ha pronunciado en contra de la difusión en plataformas digitales, como X,  de contenido que no favorece a su gobierno.

El 18 de marzo, el coordinador de Infodemia, Miguel Ángel Elorza, presentó en la conferencia mañanera un informe del supuesto uso de bots relacionados con la oposición para crear una narrativa que ataca el gobierno de Sheinbaum, así como de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador.