En las últimas semanas, el conflicto entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la  Educación (CNTE) y el gobierno federal ha alcanzado un nuevo punto crítico, dejando una  estela de incertidumbre, parálisis institucional y, sobre todo, miles de niños y niñas sin  clases en las zonas más vulnerables del país. La incapacidad de la presidenta Claudia  Sheinbaum para entablar un diálogo efectivo con el magisterio disidente no solo agrava  una crisis educativa crónica, sino que evidencia una preocupante falta de sensibilidad  política y social. 

Mientras en Michoacán se reporta la toma de 34 presidencias municipales por parte de la CNTE, y en la Ciudad de México se interrumpen clases en más de 300 escuelas, afectando  a millón y medio de alumnos, el gobierno insiste en defender su postura como si se tratara  de un logro, no de un fracaso. La mandataria ha dicho: “Nosotros nos apretamos en el  gobierno para poder darle un aumento salarial justo a los maestros”. Y si bien un aumento  salarial siempre es bienvenido, reducir un conflicto estructural a una cifra en el  presupuesto es no entender la raíz del problema. 

Lo más grave es que el diálogo no solo está estancado, sino que se ha convertido en un  monólogo oficialista. “No se puede dialogar si ellos no escuchan nuestros argumentos”,  declaró Sheinbaum, dando a entender que la apertura al diálogo solo será válida si la CNTE  acepta las premisas del gobierno. Esto no es diálogo, es imposición disfrazada de civilidad. 

Peor aún, la presidenta descalifica abiertamente las demandas del magisterio al asociarlas  con posiciones de derecha: “Ahora están planteando lo que plantea la derecha, que hay  que boicotear la elección del domingo. ¿Qué tiene que ver la decisión del pueblo de México  de elegir al Poder Judicial con las demandas de la derogación de la Ley del ISSSTE del  2007?”. Es precisamente esa desconexión entre las causas sociales y las decisiones políticas  lo que alimenta la protesta. Para miles de maestros, la lucha no solo es por salarios, sino  por condiciones dignas, por derechos laborales pisoteados desde reformas como la del  ISSSTE, y por un modelo educativo que sigue marginando a los más pobres. 

Las tomas de estaciones del metro, los plantones y los paros no son hechos aislados: son  gritos desesperados de un sector que históricamente ha sido excluido del desarrollo  nacional. En vez de criminalizarlos o tildarlos de reaccionarios, el gobierno debería  atender la profundidad de sus demandas. Pero Sheinbaum ha optado por la ruta fácil del  discurso político, sin ofrecer soluciones reales a una crisis que sigue empobreciendo a  quienes dependen de la educación pública para aspirar a un futuro distinto. 

En medio de este panorama, los medios de comunicación en México se encuentran  divididos. Mientras algunos, alineados con la narrativa oficial, han centrado la cobertura  en los bloqueos y las molestias que causan las movilizaciones —presentando a los docentes  como responsables del caos—, otros han comenzado a cuestionar abiertamente la rigidez  del gobierno y la falta de voluntad política para resolver el conflicto.  

Sin embargo, hay una coincidencia preocupante en la mayoría: poca atención a las voces  de los estudiantes, padres de familia y docentes en las regiones más afectadas, donde la  falta de clases no es novedad sino una constante histórica. La cobertura se ha enfocado 

en la superficie del conflicto —los paros, las marchas, los discursos— pero rara vez se  adentra en las condiciones estructurales de abandono y marginación que lo provocan. 

El conflicto con la CNTE no es un simple desacuerdo sindical. Es un síntoma del abandono  estructural en el que se encuentra la educación pública en México. Mientras se presume  una transformación de cuarta, los niños de comunidades marginadas siguen siendo los  primeros en perder clases y los últimos en recuperar oportunidades. 

Sin un verdadero diálogo —uno que escuche, ceda y construya— la educación en México  seguirá siendo rehén de la intransigencia, tanto de los gobiernos como de los grupos de  presión. Y en ese conflicto, los más pequeños pagan el precio más alto.