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INE pone precio a las fotos de Mariana Rodriguez y Samuel García en redes: Valen 40 mil pesos

El precio de las fotos subidas por la influencer como su esposo Samuel García durante la campaña electoral tienen un costo unitario de 40 mil pesos.

No hay menor duda, que una de las campañas que generó especial atención durante el pasado proceso fue la protagonizada por Samuel García, hoy gobernador electo de Nuevo León, y su esposa Mariana Rodríguez protagonizaron.

La que ahora se conoce como la “estrategia fosfo fosfo” ya era considerada todo un caso de éxito mucho antes de conocerse los resultados de la contienda electoral.

Hasta el 28 de marzo pasado, Samuel García se mantenía en la cuarta posición dentro de las encuestas que miden el voto efectivo que podría tener cada candidato. Luego de esa fecha, el representante de Movimiento Ciudadano para Nuevo León repuntó de manera no esperada para ubicarse en la segunda posición (al pasado 22 de mayo), con 29.6 por ciento de la preferencia de voto, solo por de bajo de Adrián de la Garza que tiene el 30.6 por ciento.

No cabe duda que el crecimiento está alineado a una fuerte estrategia en redes sociales. Por ejemplo, se estima que en Facebook el candidato ha destinado 6 millones 320 mil 642 pesos entre agosto del año pasado y el pasado 8 de mayo en la promoción de anuncios sobre temas sociales, elecciones y políticas. De manera especifica se calcula que tan solo en los últimos 7 días (del 2 al 8 de mayo) el gasto se ha materializado en 263 mil 150 pesos.

La realidad es que la ganancia no está en esta inversión. En realidad el punto medular de la campaña radica en la participación de la esposa de García, Mariana Rodríguez, quien es conocida por ser una influencer que ganó popularidad con su peculiar frase “Fosfo Fosfo”.

Los aciertos 

Esta pareja hizo de las elección un asunto mucho más mediático pero no de la forma tradicional. El centro estuvo en las redes sociales y en la capacidad (y buen tino) de adaptar un fenómeno ocurrido en social media a los espacios de campaña más tradicionales.

Adicional lograron capitalizar la fuerza del influencer marketing de una forma casi natural, lo que de manera puntual ataca uno de los puntos flacos para el grueso de los partidos y candidatos que se encuentran en campaña: la confianza.

De acuerdo con a Encuesta Nacional de Cultura Cívica (ENCUCI) 2020 levantada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México los partidos políticos son las últimas instituciones en las que confía la ciudadanía.

A decir de la mencionada encuesta, el 76.4 por ciento de las personas mayores de 15 años dice confiar poco o nada en los partidos políticos. A penas el 21.8 por ciento dijo tener tener mucha o algo de confianza en ellos.

En la mira 

Lo cierto es que esta campaña, a pesar de su éxito, ahora ha puesto en la mira tanto a Samuel García y Mariana Rodríguez como nuevamente a la legalidad alrededor del influencer marketing aplicado a campañas políticas y electorales.

Luego de anunciar que multaría al Partido Verde por su colaboración con influencers, la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) también contempla multar a Samuel García, con 55.6 millones de pesos por los post que realizó su esposa durante su campaña con Movimiento Ciudadano.

De acuerdo con la foto publicada por el gobernador electo, la Unidad de Fiscalización del INE le estaría multando por un total de 45 fotografías y mil 300 historias publicadas por su esposa, dentro de las que se hizo alusión a la campaña electoral de García por Nuevo León.

Asimismo, el futuro gobernador de Nuevo León señaló que el INE quiere que su esposa Mariana le cobre 27.8 millones de pesos por las historias y las fotos que él durante la campaña, pero como ella no le cobró, lo quieren multar con 55 millones de pesos.

“Es ofensivo que pretendan ponerle precio a Mariana. Es injusto que el éxito que ha alcanzado con su trabajo, ahora quieran convertirlo en un castigo y en un obstáculo a su libertad de expresión. Y es ridículo que, en su lógica, las fotos e historias de Mariana conmigo, con su esposo, ‘valen’ 27 millones y una multa de 55 millones de pesos”, señaló antes de añadir que confía en los consejeros actuarán de acuerdo a la ley y tomarán la decisión correcta.

Lo que vale cada foto 

Ahora se ha dado a conocer que el INE determinó que el precio de las fotos subidas por la influencer como su esposo durante la campaña electoral tienen un costo unitario de 40 mil pesos, mientras que en lo que respecta a las stories, la cifra alcanza los 20 mil pesos.

En realidad se trata de cifras particularmente elevadas que dejan ver lo que en realidad pudo haber costado esta campaña que aunque fue leída como un triunfo orgánico, en realidad jugó con un valor (y costos) que pocas leyes y normativas electorales en el país consideran: el peso de un influencer.

La ley electoral es difusa en este sentido y los vacíos para juzgar este caso son muchos. Si bien la estrategia tenía la intención de capitalizar la popularidad de la influencer, en realidad y contrario a lo que sucedió con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) no hubo un acuerdo comercial de por medio. 

El punto débil está en la ética alrededor de la estrategia, en el claro interese de Rodríguez por contribuir para que su esposo fuera electo gobernador.

Lo que aquí está en juego es la delgada línea entre lo que es respetar la libertad de expresión y la promoción ilícita de, en este caso, un candidato mediante una estrategia de influencer marketing. 

Con esto, queda claro que para convertir a las redes sociales en una verdadera herramienta que permite fortalecer la democracia, se necesita algo más que los límites que más de un servicio como Facebook han puesto para hacer positiva la influencia que la actividad en estas plataformas tiene en la construcción de la democracia.

Lo sucedido pone en la mira al marco legal alrededor de los procesos electorales, mismo que cuando menos en México necesita con urgencia modificarse para comprender y regular a estos nuevos jugadores que sin duda pueden tener un peso muy importante en la construcción de la opinión pública y, por tanto, en el rumbo que la vida política y social puede tomar en el país.

Las normas electorales parecen ir especialmente tarde para atender este fenómeno que sin ser nuevo sigue operando en medio de la irregularidad y lejos de las condiciones claras. 

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