Actualizarán tras un cuarto de siglo la ley de ciberdelitos

Chile necesita una nueva legislación en materia de seguridad informática. La mayoría de los ciberdelitos no están tipificados y las autoridades no tienen cómo penarlos.

En Chile, como en la mayor parte del mundo, la web ha avanzado mucho más rápido que las leyes para sancionar los delitos derivados de su uso. Quién podía aventurar en 1993, año del que data la única legislación chilena en la materia, que iban a existir tanta cantidad de “ciber problemas”.

La ley N° 19.223 es tan arcaica que tiene cuatro artículos y sólo menciona el sabotaje y el espionaje informático.

Ahora, 24 años después, el gobierno que lidera Michele Bachelet agregará ocho nuevos delitos cibernéticos en la legislación, para cumplir con la convención de Budapest, pacto de cooperación contra el cibercrimen que comenzó a regir este agosto. Chile será el primer país sudamericano en adherir a este pacto.

Estas son las 8 conductas criminales que se incluirán:

  1. Captar visual y sonoramente información sin consentimiento
  2. Difundir este material
  3. Producir software o dispositivos para cometer delitos
  4. Difundir información de un sistema informático
  5. Manipular claves confidenciales y de datos codificados en una tarjeta
  6. Usar programas o dispositivos para vulnerar la integridad de datos
  7. Alterar o dañar sistemas
  8. Alterar datos para acceder a un sistema

En todos estos casos, las penas van desde los 61 días hasta los cinco años de cárcel.

“El proyecto es el primer esfuerzo de magnitud que se desarrolla por actualizar una normativa que data de 1993, cuando internet era una novedad, cuando no había comercio electrónico en Chile y cuando las tarjetas de crédito eran un lujo. Así, hoy, además de tener la tasa de penetración de internet más alta de Latinoamérica, tenemos 37 millones de tarjetas de crédito y débito bancarias, con más de 1.700 millones de transacciones por año”, dijo el subsecretario Mahmud Aleuy y publicó La Tercera.

Según Aleuy actualmente se enfrentan problemas como el tema de las condenas, que si se aplican, “no responden adecuadamente al fenómeno, lo que no genera un efecto disuasivo o ejemplificador”.

Para tener una idea, en el caso de fotos extraídas por alguien que repare un teléfono móvil de otra persona, hasta ahora, la pena es mínima. Sin embargo, con la nueva norma, será lo mismo que si hubieran sido captadas a una persona en el interior de su casa, ya que se vulneran las barreras de acceso.

El convenio de Budapest también permitirá homologar los delitos con los otros 53 países miembros del acuerdo.


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