Hay un gran número de cárceles privadas en los Estados Unidos y sus buenos resultados económicos dependen, en gran medida, de la cantidad de detenidos. Es por esto que no sorprende demasiado que se haya reconocido que el centro de detención Karnes, a 96 kilómetros al sur de San Antonio, haya presionado para forzar leyes que le permitan sumar reclusos entre las personas, en su mayoría mexicanos, que son sorprendidos cruzando ilegalmente la frontera.
Karnes es un centro de detención de los llamados familiares, fue conformado en 2014 y puede albergar familias de inmigrantes ilegales hasta que se determine la deportación o no de los implicados. Durante la presidencia de Obama, se limitó su accionar (y sus potenciales clientes) a partir de la exigencia de mayores requisitos a las cárceles para obtener la licencia que les permitiera retener a niños junto s sus padres.
“Ahora, los legisladores sopesan reducir los requisitos para las instalaciones de cuidado infantil, pero los opositores dicen que ese proyecto de ley les concedería licencias a los centros sin hacer que las condiciones mejoren. Los abogados han advertido que podría ser una invitación para una costosa demanda”, publicó AP.
¿A quién se le ocurrió esto? Un representante estatal que presentó la propuesta “reconoció que la iniciativa provino directamente de GEO Group, la segunda compañía de cárceles privadas más grande del país, que opera las instalaciones de Karnes”, dice la agencia de noticias. Y cita palabras del representante estatal John Raney, un republicano del poblado rural de Bryan: “Conozco desde hace tiempo a la dama que les hace el cabildeo (lobby). De allí provino la iniciativa de ley. Nosotros no inventamos nada. La gente nos trae las cosas y nos pide ayuda”.
El negocio de la cárcel
Estados Unidos es el país con más gente en prisiones. Son más de un millón y medio de personas (datos de 2014) en cárceles estatales o federales, además de otras 500 mil en cárceles locales, centros de menores o de inmigrantes y dependencias militares. Negros e hispanos son los grupos más numerosos.
El presupuesto es enorme: “la red de prisiones cuesta 80.000 millones de dólares al año, una tercera parte de todo el presupuesto del Departamento de Justicia”, dice Ahora Semanal.
Dos grandes empresas controlan el 80% del negocio: CCA (Corrections Corporation of America) y el GEO Group. “Disponen de una cuota mínima de ocupación acordada con el Gobierno, que, con tal de garantizarla, se vio obligado en 2014 a trasladar a 3.330 reclusos de las instalaciones públicas, que tenían camas vacías, a las privadas”, explica El País.
La lógica detrás de estas exigencias es que, como cobran por cada preso (entre 40 y 60 dólares al día), los operadores privados se puedan garantizar un determinado nivel estable de ingresos para gestionar la cárcel y recuperar el coste de su construcción, agrega el medio español.
