Con el fin de surtir en forma gratuita la totalidad de las recetas que genera el Sector Salud, el gobierno de la presidente Sheinbaum ofreció establecer 15 mil “farmacias del Bienestar”, cuya construcción no ha comenzado.

Este será otro intento fallido de la mal llamada Cuarta Transformación para resolver el problema de desabasto de medicamentos provocado por la absurda decisión de AMLO de destruir el sistema de distribución de medicinas aduciendo corrupción de quienes en él participaban. Desde entonces, el gobierno recurrió a la absurda idea de encargarse del abasto de medicinas por medios propios, como si ello no requiriera de un complejo sistema logístico que no se hace de la noche a la mañana.

Desde entonces, el gobierno ha dado tumbos, sin resolver el problema de abasto, que ha costado muchas vidas y enormes gastos a la población. Al fracaso de un caótico e improvisado esquema de distribución ideado por ignorantes en la materia, surgió la absurda idea de la “megafarmacia” de AMLO, que pretendía centralizar en una sede los medicamentos para surtirlos al resto del país, lo que iba en contra de la eficiente distribución de los mismos en todos los rincones del territorio nacional.

Mientras la gente espera los resultados de la nueva ocurrencia, ha tenido que recurrir a una alternativa para surtirse de las medicinas necesarias, pagando por ellas lo que de facto ya había pagado con sus impuestos.

Recuperar la salud es un imperativo que no puede esperar la respuesta de la burocracia. En forma paralela a los infructuosos esfuerzos del gobierno por surtir a la población con los medicamentos necesarios, los enfermos han recurrido a la adquisición, por medios propios, de medicamentos genéricos, propiciando el crecimiento del negocio de quienes los ofrecen a bajo costo.

El ejemplo más exitoso es el de Farmacias Similares, que no es solo una cadena, sino un verdadero síntoma de alcance nacional. 

La coyuntura ha propiciado el crecimiento de un emporio creado por Víctor González, que se ha convertido en el proveedor de medicamentos más accesible para los sectores populares, ofreciendo medicamentos genéricos y más baratos en más de 9 mil 500 farmacias en todo el país.

Pero no es el único. Aunque con menos éxito, también intentan ganar el mercado Farmacias del Ahorro, Guadalajara, Benavides y San Pablo, que ofrecen —a mayor o menor precio— una variedad de miles de medicamentos, sumados al servicio de consulta; creando dependencia, sobre todo, en comunidades marginadas. Durante el sexenio de López Obrador, se tramitó el mayor número de permisos para consultorios privados adyacentes a farmacias, torres médicas, e incluso de atención dental.

Detrás de esto hay al menos una realidad que debería incomodarnos: el éxito de estas farmacias es proporcional al fracaso del Estado mexicano para garantizar el derecho a la salud.

Mientras los hospitales y Centros de Salud públicos reportan desabasto crónico, en estas farmacias pueden encontrarse más de mil productos; entre genéricos, suplementos y medicamentos bioequivalentes.

Donde fallan el IMSS, el ISSSTE o los servicios de salud pública en general, aparece una botarga bailando con receta en mano que se convierte en el único recurso frente a un aparato que solo ofrece excusas. ¿Por qué millones de mexicanos deben pagar extra por lo que ya pagaron con sus impuestos?

La existencia de estas farmacias en cada esquina es prueba viva de que el sistema público ha delegado —de manera no oficial, pero brutalmente efectiva— su responsabilidad a empresas privadas con marketing popular y precios accesibles. ¿No es esto privatización de los servicios de salud? Ahora, el acceso a la salud no lo garantiza la Constitución, lo garantiza quien tenga una sucursal abierta cerca. 

¿Cómo han logrado estas empresas tener abasto, volumen y bajos precios en medicamentos? Deben agradecerlo a las fallas en el sistema de salud.

Al son de los bailes del “dictar Simi”, quien resuelve lo que debería ser una obligación del Estado, evoca la carencia de instituciones que funcionen, un derecho garantizado, que es un sistema público que no deje a alguien fuera.