El anuncio del director general del Infonavit sobre la regularización de 145 mil viviendas invadidas, mediante la posibilidad de que los ocupantes ilegales adquieran esas propiedades a bajo costo, o incluso mediante un esquema de renta con opción a compra –al tiempo que les prometen que no los van a sacar–, lleva implícita la señal de que en México la invasión es el nuevo camino para la adquisición de una propiedad.
Mientras miles de familias mexicanas se esfuerzan día a día por pagar sus hipotecas, y ahorran y cumplen con sus obligaciones financieras, esta medida premiará a quienes han optado por la ilegalidad. La sinrazón del anuncio radica en el hecho de que quienes están pagando su vivienda en un plazo de hasta 30 años, a los invasores –que ni siquiera cotizan en el instituto– les entregarán sus escrituras liberadas en apenas un lustro. Además, alimenta la percepción de que el despojo podría ser la puerta de entrada a una vivienda digna, lo cual significa un golpe a la cultura del esfuerzo y al Estado de derecho.
Detrás de la mayoría de estas ocupaciones irregulares está la operación del crimen organizado, que las promueve. Esta medida podría interpretarse como un mensaje para las bandas criminales de que su actividad ilícita ahora podría tener un final feliz, patrocinado por una institución gubernamental. La legalización del paracaidismo.
El anuncio también pasa por alto una realidad que enfrentan muchos acreditados del Infonavit: la razón por la que a menudo prefieren dejar sus casas vacías es el miedo a los inquilinos morosos. La falta de mecanismos efectivos y ágiles para el desalojo por impago, sumada a la percepción de que las autoridades brindan poco o nulo apoyo en estos procesos, ha llevado a miles de propietarios a tomar la costosa decisión de mantener sus viviendas desocupadas.
Las organizaciones empresariales del país expresaron su oposición a esta propuesta, que -dicen- “contradice el mandato legal del Instituto y amenaza con institucionalizar la ilegalidad, poniendo en riesgo los ahorros de millones de trabajadores que aportan a este fondo”.
El Infonavit fue creado para proteger el patrimonio de los trabajadores, no para avalar ocupaciones irregulares ni convertir en beneficiarios a quienes han tomado inmuebles que no les pertenecen.
De las 168 mil viviendas censadas hasta el momento por la Secretaría del Bienestar, de un universo total de 843,000 —con una inversión de 700 millones de pesos—, el 86% de estas, en su mayoría, están habitadas por personas sin ningún vínculo jurídico con el Instituto ni con los legítimos propietarios. Pretender que estos ocupantes puedan adquirir los inmuebles, por debajo de su valor real, representa un grave precedente.
Son diversas las razones por las que los propietarios abandonaron esas viviendas. Si fue por incapacidad de pago del crédito, lo primero que se tendría que hacer es ofrecer un esquema de regularización. Si los titulares no están ya interesados en conservar la vivienda, lo sensato sería ponerla de nuevo en el mercado, pero después de sancionar el delito de invasión, igual que se hace con el robo de un auto. Hacer lo que se propone equivale a proponer a los ladrones de automóviles un plan de pagos fáciles para que puedan ser suyos legalmente.
Desde 2015, el Infonavit enfrenta una crisis de gestión: el índice de morosidad se disparó del 7.8% en 2018 a más del 18% en 2024, y si consideramos los créditos segregados, el deterioro de la cartera crediticia asciende al 32%. Es decir, uno de cada tres financiamientos otorgados presenta incumplimientos de pago. En lugar de regularizar los créditos vencidos en beneficio del patrimonio del acreditado, se impulsa una estrategia que agrava el problema y compromete el futuro financiero del Instituto.
La administración anterior ya había instruido que no se procediera con desalojos a acreditados con pagos vencidos. Ahora, se pretende extender ese criterio a invasores, incluso cuando las viviendas no son propiedad del Infonavit, sino que siguen formando parte del patrimonio de acreditados que han cumplido con sus obligaciones o tienen alguna situación pendiente con el pago de su crédito. Esto representa una vulneración directa al derecho de propiedad y mina la certeza jurídica en nuestro país.
Los organismos empresariales rechazan cualquier iniciativa que premie la toma ilegal de viviendas y exigen que las autoridades competentes detengan cualquier intento por legalizar ocupaciones al margen de la ley. Sostienen que el Infonavit “no tiene atribuciones legales para otorgar créditos, rentas ni escrituras a personas que no son derechohabientes”. Agregan que “las funciones de atención a población no afiliada corresponden a otras instancias, como la SEDATU o la CONAVI”. Enfatizan que “México necesita instituciones fuertes, que operen con responsabilidad, legalidad y transparencia”. Agregan que “seguiremos alzando la voz para garantizar que el patrimonio de los trabajadores se respete y que el Estado actúe siempre dentro del marco de la ley”.
Es indispensable que se lleven a cabo acciones concretas por parte del Infonavit y que no se permita avanzar con esquemas que, en los hechos, podrían institucionalizar la ocupación irregular de viviendas. La certidumbre jurídica no puede depender de interpretaciones posteriores, sino de políticas claras, legales y plenamente alineadas con el interés de los trabajadores y el marco constitucional.
