En menos de una década, las plataformas de transporte por aplicación como Uber, Didi, Cabify o Beat han transformado de forma irreversible la movilidad urbana en América Latina. Ahora la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo rechazó un alza de Uber a sus tarifas que afectarán a los consumidores, luego de que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social condenó enérgicamente el incremento “unilateral e irresponsable” en las tarifas anunciado por la empresa.
Y es que lo que comenzó como una opción alternativa al taxi tradicional se ha consolidado como un eje fundamental del ecosistema urbano, generando un impacto profundo tanto en la economía como en el comportamiento del consumidor y la configuración de las ciudades.
De acuerdo con datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), más del 68 por ciento de los usuarios de smartphones en México ha utilizado alguna vez una plataforma de transporte por app. Este fenómeno no solo responde a la comodidad del servicio y la disponibilidad inmediata, sino también a la percepción de mayor seguridad, trazabilidad del viaje y tarifas transparentes.
¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre el aumento de Uber?
En medio del avance de la regulación laboral para trabajadores de plataformas digitales, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, arremetió contra Uber por su decisión de aumentar hasta en 7 por ciento sus tarifas, medida que calificó como injustificada y perjudicial para los consumidores. La postura presidencial fue respaldada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), que tildó el incremento como “unilateral e irresponsable”.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum destacó que otras empresas del sector, como DiDi, ya colaboran activamente en el registro de trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sumando hasta ahora más de 400 mil colaboradores inscritos. “Uber tiene ganancias impresionantes, no tiene por qué trasladar sus responsabilidades al consumidor final”, afirmó, subrayando la necesidad de que estas compañías asuman su papel como empleadoras.
Este señalamiento se enmarca en el proceso de implementación del modelo mexicano de seguridad social para trabajadores de plataformas digitales, considerado pionero en América Latina. México es el primer país en institucionalizar derechos laborales para repartidores y conductores de aplicaciones, lo que representa un giro significativo en el tratamiento de los nuevos esquemas de empleo en la economía digital.
La crítica gubernamental surge luego de que Uber justificara el alza de tarifas como una forma de enfrentar los supuestos costos derivados de las reformas laborales impulsadas por la administración actual. Sin embargo, la STPS desmintió que exista un sustento legal o económico para dicha medida. “No hay razones válidas para trasladar estas obligaciones al consumidor”, advirtió la dependencia en un comunicado.
Además, la presidenta aseguró que se mantienen mesas de trabajo permanentes entre autoridades, representantes de plataformas y trabajadores, con el objetivo de continuar construyendo un marco legal justo y funcional. Según datos del propio IMSS, los trabajadores registrados en plataformas digitales pueden acceder a atención médica, incapacidades, ahorro para el retiro y prestaciones sociales, derechos históricamente negados a este tipo de colaboradores.
El debate también refleja una tensión creciente entre el compromiso social esperado por el gobierno y las estrategias de negocio de las big tech del transporte. A pesar de que Uber ha operado en México desde hace más de una década, su relación con las autoridades ha estado marcada por controversias, desde regulaciones locales hasta condiciones laborales.
Organizaciones de defensa del consumidor y sindicatos emergentes también han señalado que el aumento en tarifas afecta directamente a millones de usuarios en un momento de alta inflación y desaceleración económica. Según cifras del INEGI, más del 40 por ciento de los viajes diarios en zonas urbanas del país se realizan actualmente a través de servicios de transporte por app.
La presión hacia Uber podría intensificarse si no rectifica su decisión, mientras que el gobierno federal continúa posicionándose como un actor clave en la transformación de los derechos laborales en la era digital. En palabras de Sheinbaum: “Hay que pensar positivo, en que las empresas están de acuerdo. Es momento de que todas asuman su responsabilidad social”.
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