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Reto universitario: crece falsificación de documentos de aspirantes

Aunque los aspirantes universitarios falsifiquen documentos para procesos institucionales, los sistemas de verificación y seguridad son fuertes; las consecuencias van del interior de la institución a las sanciones penales.

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  • En lo que va del año, la  FGJCDMX ha registrado 36 casos de uso de documentos falsos con carpeta de investigación.

  • El delito es considerado como una “vía fácil” para obtener beneficios y los estudiantes universitarios suelen utilizarlo como un recurso para acceder a la educación o certificarse.

  • En universidades públicas, el hecho en aspirantes se registra por diversos factores, uno de ellos: el acceso a la educación.

En las universidades de México, los casos de estudiantes o aspirantes que utilizan la falsificación de documentos en trámites de titulación, constancias de idiomas falsas o procedimientos universitarios cada vez son más visibles ante la opinión pública. El reto radica en educar a la población al interior y exterior de las instituciones para que se deje de ver como una práctica “normal”, ya que los sistemas de verificación son rigurosos y  los culpables son llevados a últimas instancias al interior de las universidades y en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

En México, la falsificación de documentos es un delito considerado como “común” por la facilidad de su realización; no obstante, desemboca situaciones delicadas, ya que puede derivar en la obtención de bienes de manera ilegal, para usurpar alguna profesión, título, suplantar identidad, fraudes financieros, suplantar identidad, entre otros. Sin embargo, aunque en el país la educación se encuentre segmentada y el acceso limitado no es motivo para la ilegalidad.

En 2017, medios de comunicación dan cuenta de que la falsificación de documentos para la Procuraduría General de la República (PGR) presentó un promedio de 3 mil averiguaciones previas o carpetas de investigación por ese delito.

Haciendo un recorrido hacia diciembre de 2021, el boletín estadístico de la incidencia delictiva en la Ciudad de México (CDMX) realizado por la FGJCDMX, en ese mes se registraron 11 delitos contra el patrimonio con el uso de documentos falsos.

Para enero de 2022 el número ascendió a 13, en febrero a 10, en marzo 16 y en abril 7. En ese sentido, en lo que va del año en la CDMX se han registrado 36 casos de uso de documentos falsos con carpeta de investigación.

Y es que cuando se cause algún perjuicio a la persona, al Estado o se intente obtener algún beneficio de la falsificación de documentos se considera un delito.

De acuerdo con el Libro II, Título VIII del Código Penal Federal, “tratándose de documentos privados, la pena puede llegar a ser de 6 meses a 7 años y medio de prisión y en caso de documentos públicos va de 4 a 12 años”.

La actividad contraria a la Ley es común en las calles de la CDMX, ya que a la plena luz de día hay una oferta para realizar documentos apócrifos, desde firmas hasta certificados de educación básica, educación superior o hasta cédulas profesionales.

“La falta de oportunidades laborales y la necesidad económica son argumentos que llevan a las personas a gestionar documentos apócrifos, no obstante, difícilmente es justificable recurrir a la ilegalidad para ello”, dijo David Monreal Ávila, actual Gobernador del Estado de Zacatecas durante su trabajo como Senador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT).

En el caso de los estudiantes universitarios que realizan estos actos, el Tribunal Universitario de la Universidad Autónoma de México (UNAM) ha registrado casos de prácticas fraudulentas en los trámites de titulación, constancias de idiomas falsas, constancias de servicio social falsas y recientemente, dos mujeres fueron detenidas por presentar documentación falsa para presentar el examen de admisión.

 

Falsificación de documentos de aspirantes; el reto universitario de educación, no de seguridad

En México, existe una gran desigualdad y segmentación en la educación superior. De acuerdo con el Anuario de Educación Superior – Técnico Superior, Licenciatura y Posgrado realizado por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) en el periodo 2020-2021, el total de matrículas de educación pública en el país fueron de 3 millones 232 mil 021 y la educación superior privada abarcó un espectro más pequeño que alcanza un millón 751 mil 183 matrículas.

De acuerdo con datos oficiales, únicamente 8 de cada 10 jóvenes entre 8 y 24 años de edad tendrán acceso a un espacio en el nivel de Educación Superior y pocos de los que no alcancen un lugar de educación pública podrán acceder a una carrera en una universidad privada, en donde, según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO), los precios oscilan entre los 130 mil y los 950 mil pesos.

Por su parte, la UNAM durante 2021-2022 tuvo una demanda en el concurso de selección de 215 mil 757 aspirantes; sin embargo solo 24 mil 954 logró aspirar, pero los lugares no solo se brindan por examen, sino también por pase reglamentado en donde existió una demanda de 32 mil 864 y se atendió el mismo número.

La UNAM considerada como una de las universidades más prestigiosas de América Latina reprueba la conducta en sus estatutos:

“El alumno que falsifique certificados, boletas de exámenes y documentos análogos, o use o aproveche los propios documentos cuando la falsificación sea imputable a terceros, será expulsado de la Universidad”, dice en el artículo 97, fracción III, del Estatuto General de la UNAM.

Asimismo, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) contempla en su legislación universitaria acto de sanción la falsificación de documentos o el uso de material apócrifo. Sus alcances para aquellos egresados que no se titulan puedan ser catastróficos como la cancelación de los derechos escolares.

El caso del ingreso y la presentación de documentación falsa para presentar examen de ingreso a la universidad puede generar que la aspirante se quede sin educación y en dado caso de no tener los recursos para financiar una educación privada su futuro se verá truncado.

Actualmente, los sistemas de validación y de registro parecen fortalecerse cada vez más con los riesgos que existen ante los ciberataques y robos de datos.

Las universidades siguen los procesos correspondientes del interior al exterior para sancionar a los aspirantes y estudiantes. Asimismo, consideran la práctica vergonzosa y de faltas a la integridad académica, por ello, alertan constantemente a las comunidades estudiantiles por medio de comunicados; no obstante, quienes se encuentran con ímpetu de ingresar a las universidades y no conocen las sanciones son más propensos a realizar los actos como una “vía rápida”.

 

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