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Rechazan quitar el impuesto al internet, ¿cómo afecta a la brecha digital?

El gobierno debería considerar que la conectividad y el acceso a internet es clave para reducir los niveles de pobreza y la brecha digital.

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  • La brecha digital tuvo más notoriedad durante la pandemia por Covid-19.

  • Con la derogación a la Ley del IEPS, el Senador Clemente Castañeda Hoeflich, proponía eliminar el impuesto al uso de Internet.

  • Sin embargo, este martes, en la discusión del Paquete Económico 2022, Morena rechazó discutir sobre la eliminación del impuesto.

 

El impacto de Covid-19 ha acelerado la digitalización de los servicios de infraestructura. Con ello, se acrecentó la distancia social que separa a quienes tienen acceso a las tecnologías de la información y comunicación (TIC) de aquellas que no la tienen. El 7 de septiembre de 2021, el Senador Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano lanzó una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se derogan diversas disposiciones de las Ley del Impuesto Especial Sobre Productos y Servicios (IEPS), que proponía eliminar el impuesto al uso de Internet en beneficio de la población de menores de ingresos para eliminar la brecha digital. No obstante, en la discusión del Paquete Fiscal 2022, se rechazó discutir la eliminación del IEPS.

 

¿Hay garantía del acceso al internet?

El acceso a las telecomunicaciones y en particular al internet es un derecho consagrado en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En 2013 se aprobó la reforma en materia de radiodifusión y telecomunicaciones, que conllevo a la liberación del sector, la ampliación de la cobertura, así como la privatización de diversas infraestructuras y servicios, en otras palabras se dio un marco regulatorio del sector. No obstante, desde 2010 se instrumentó el IEPS aplicable a los servicios de telecomunicaciones.

Hasta el 30 de septiembre de 2021, Artículo 19 reveló que en México no existen acciones concretas por parte del Estado que garanticen el cumplimiento de la garantía constitucional de acceso a internet y el contexto de confinamiento por la pandemia de Covid-19 hizo más visible las desigualdades existentes en el acceso a las TIC. Comunidades indígenas del país –Oaxaca y Chiapas– se han visto afectadas en términos de la disposición de servicios básicos y el derecho a la información pertinente.

 

Un poco de contexto

 

El estudio “Cerrando la brecha digital en México: Una visión inside-out y outside-in de competencia y regulación”, México cuenta con uno de los niveles más bajos de cobertura de internet de banda ancha y acceso a las tecnologías de la información de todos los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Pese a esto, datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 2019 existían 80.6 millones de usuarios en internet en 58.4 por ciento de los hogares mexicanos.

Del total de la población que tiene acceso al internet, solo el 76.6 por ciento de la población urbana es usuaria de la red; mientras que el 47.7 por ciento de la población rural cuenta con acceso a este servicio.

Dicho estudio sugiere que una de las múltiples causas de la brecha digital es la aplicación del IEPS a los servicios de telecomunicaciones y hace énfasis en que la reducción del mismo podría eliminar la brecha digital o tener un efecto positivo sobre la población perteneciente al sector más bajo de ingresos.

Para dimensionar el impacto del IEPS, entre el 50 y 60 por ciento de la población de Oaxaca, Chiapas y Guerrero Carece de conectividad a servicios de telecomunicaciones. Según Artículo 19, en Oaxaca y Chiapas la infraestructura necesaria para la conectividad sigue siendo débil y, a pesar de lo difundido en las políticas de gobierno, no hay avances significativos.

Frente a este contexto, el derecho garantizado por el Estado se ve coartado por los efectos de ponerle un impuesto a los servicios, y para que los derechos sean reconocidos en la Constitución sean efectivos y plenamente ejercidos se debe facilitar su acceso. En este sentido, el Estado tendría la obligación de hacerlo.

 

¿Qué proponía las derogaciones de la Ley Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios?

El Senador de Movimiento Ciudadano ha buscado impulsas iniciativas de reforma para atender la problemática de la desigualdad digital. En la iniciativa rechazada a discusión, donde se proponía derogar distintos párrafos de los artículos 2º, 3º, 8º y 18-A de la IEPS, que gravan los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. Con el fin de contribuir a que los servicios de acceso a las telecomunicaciones disminuyan su precio en beneficio de la población mexicana de menores ingresos y con miras a una reducción sostenida de la brecha digital en el país.

Actualmente, hay poca disponibilidad de acceso a internet de buena calidad y el costo de servicios y dispositivos, muchas veces, resultan inalcanzables para la mayoría de la población. Se sigue viendo una tendencia y es que las concepciones dominantes sobre la tecnología tienden a privilegiar a las poblaciones urbanas, jóvenes y productivas, perpetuando la brecha digital en términos discriminatorios.

Las desigualdades en el acceso a las TIC por parte de las comunidades y pueblos indígenas genera que la desinformación no sea comparada, ni analizada. La propuesta del Senador, Clemente Castañeda Hoeflich, brindaba la oportunidad de disminuir la brecha salarial, si se toma en cuenta que el IEPS tiene un efecto negativo para las poblaciones más vulnerables del país.

Mientras el acceso al internet de banda ancha continue siendo desigual y se permitan distorsiones en la demanda de los servicios, los beneficios de la conectividad y el acceso a las tecnologías de la información seguirán limitándose a los hogares de mayores ingresos.

El gobierno debería considerar que la conectividad es un tema especial en el desarrollo de estrategias y medidas que permitan reducir los niveles de pobreza. Y recordemos que sólo 5 de cada 10 personas que radican en zonas rurales tienen acceso a servicios de Internet y la pobreza tiene las mayores limitantes en el acceso a las telecomunicaciones.

 

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