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Por violación a la ley de protección de datos demandan a Facebook en España

Una demanda contra la red social acaba de ser presentada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en nombre de los más de 20 millones de usuarios españoles de internet, en la que se le acusa de competencia desleal y violación de la ley de protección de datos así como de la ley general para la defensa de los consumidores.

Una demanda contra la red social acaba de ser presentada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en nombre de los más de 20 millones de usuarios españoles de internet, en la que se le acusa de competencia desleal y violación de la ley de protección de datos así como de la ley general para la defensa de los consumidores.

Se trata de la respuesta a la filtración de datos conocida durante los inicios de 2018 con el famoso caso de la consultora Cambridge Analytica y que se presenta no solo en nombre de los afectados pues la OCU ha considerado que se han recabado e intercambiado sin los consentimientos voluntarios que exige la ley.

Como se recordará Facebook estuvo en el ojo del huracán después de conocerse que la citada consultora accedió a la información de casi 90 millones de usuarios sin que estos estuviesen al tanto, por lo cual Mark Zuckerberg, tuvo que dar explicaciones ante órganos como el Congreso y el Senado de EE UU y el Parlamento Europeo.

Al considerarse que las organizaciones que defienden a los consumidores pueden presentar demandas para defender los intereses difusos de este colectivo, la OCU ha tomado acción al mantener que no sólo se trata de los usuarios de la red social, quienes se vieron afectados por la filtración, sino de todos los que tienen una cuenta pues sin saberlo han sido parte de una estrategia comercial en la que se han usado los datos personales sin el conocimiento de los usuarios.

Para la OCU, la demanda se presentado por la necesidad de que se compense a los afectados, toda vez que a pesar de que Zuckerberg reconoció lo sucedido, hasta ahora no ha mostrado señales de hacerlo, a pesar de que se obtuvieron ingresos a costa de los usuarios con las malas prácticas señaladas. Por ello se está solicitando una indemnización de 200 euros por usuario, aunque será el juez quien en definitiva determine la cifra en caso de una eventual indemnización.

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