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La publicidad de alojamientos turísticos está regulada para garantizar que los consumidores reciban información clara, veraz y suficiente.
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El perfil sociodemográfico más repetido entre los turistas con residencia en España es el de una persona mayor de 45 años de edad, con estudios superiores y empleo, refiere Statista.
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España se encuentra entre el top 15 del turismo emisor a nivel mundial en términos de gasto.
La explosión del mercado de alquiler turístico en España ha provocado que las autoridades se enfrenten a un reto complejo sobre cómo garantizar la legalidad y la protección del consumidor sin frenar un sector que impulsa el turismo. En ese contexto, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha dirigido su atención hacia Airbnb, la plataforma que concentra una gran parte de la oferta digital de viviendas vacacionales.
Y es que , de acuerdo con los datos del Gobierno de España, el conflicto gira en torno a la publicidad de miles de alojamientos que, según las comunidades autónomas y la Dirección General de Consumo, no cumplen con las normativas locales. Los problemas detectados van más allá de un simple error, ya que falta información clave, como el registro oficial que debe tener cada vivienda turística, y en ocasiones se usan números de licencia falsos o inexistentes. Además, muchos anuncios no especifican si el arrendador actúa como particular o profesional, un dato esencial para los consumidores que buscan seguridad y garantías legales.
Ante esta situación, el Gobierno ha exigido a Airbnb que elimine más de 65,000 anuncios que no se ajustan a la ley, una acción que ha sido respaldada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tras la revisión de un recurso presentado por la plataforma. Esta decisión no solo representa un golpe a la publicidad irregular, sino también una llamada de atención sobre la necesidad de mayor transparencia en el sector.
El ministro Pablo Bustinduy ha dejado claro que este esfuerzo forma parte de una estrategia integral para proteger el acceso a la vivienda frente a la presión del turismo masivo y para garantizar que los consumidores tengan acceso a información clara y veraz. A su vez, desde el Ministerio se trabaja junto a las comunidades autónomas para reforzar la supervisión y sancionar a aquellos que incumplen las normas, ya sean grandes plataformas o gestores de propiedades.
En definitiva, la situación evidencia una transformación en el mercado del alquiler turístico en España, donde la regulación y la vigilancia se convierten en piezas clave para equilibrar los intereses turísticos, residenciales y de consumo responsable.
De acuerdo con los datos de Statista, España se encuentra entre el top 15 del turismo emisor a nivel mundial en términos de gasto. Además, los residentes en el país realizaron en 2023 alrededor de 186 millones de viajes en los que se estima que gastaron más de 58.000 millones de euros. La mayoría de esos viajes tuvo lugar dentro del territorio nacional, es decir, el turismo doméstico prevalece sobre el turismo emisor.
De hecho, la Comunidad de Madrid es la región de origen del mayor número de viajes, mientras que Andalucía es el destino interno más común, por delante de Cataluña y la Comunidad Valenciana. Además, la duración media de estos viajes es de unos cuatro días y el gasto medio asciende a aproximadamente 240 euros, si bien es cierto que durante los meses de julio a septiembre las estancias tienden a prolongarse y con ello, la inversión realizada. En cuanto a los viajes al extranjero, los españoles prefieren el avión y los establecimientos hoteleros. Eso sí, también viajan principalmente con la intención de desconectar y distraerse de su rutina diaria, gastando de media cerca de 990 euros durante los aproximadamente ocho o nueve días que suelen permanecer fuera.
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