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Implicaciones políticas del Plan B a la Reforma Electoral

La Reforma Laboral propuesta por el Presidente AMLO fue rechazada, no obstante, su Plan B ya ha sido puesto sobre la mesa.

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  • Anticipándose al rechazo de la Reforma Electoral, el Presidente AMLO plantearía un Plan B.

  • Este plan buscaría reformar leyes secundarias que no tuvieran que pasar por lo dictaminado en la Constitución.

  • Sin embargo, esto costaría caro para sus objetivos, pues no podría reducir el número de plurinominales ni el presupuesto destinado a partidos políticos, entre otras cosas.

A lo largo de la semana, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) declaró que, debido al rechazo contundente por parte de la oposición, buscaría anticiparse y encontrar otra manera de que la Reforma Electoral fuera aplicada, es decir, a través de un Plan B.

Anunció entonces que mandaría la iniciativa con el objetivo de evitar que los afectados “sigan teniendo el control de los órganos electorales del Consejo y del Tribunal electoral. Recordemos que el dictamen de la reforma fue aprobado este lunes en las comisiones unidas de Reforma Política Electoral, de Puntos Constitucionales y de Gobernación de la Cámara de Diputados. Aunque la discusión en el pleno fue aplazada para el próximo martes 6 de diciembre.

Lo que era la Reforma Electoral

La propuesta de reformar al INE hecha por el Presidente de la República fue tomada por la llamada oposición como una amenaza latente para la institución y para la sociedad mexicana. Fue el día 3 de noviembre cuando el poder ejecutivo reveló la encuesta realizada por la propia institución electoral titulada “Postura ante propuestas de la iniciativa de Ejecutivo Federal“.

Lo que sorprendió a gran parte de los asistentes es que los resultados arrojaron opiniones favorables para el Gobierno de la Cuarta Transformación.

Esto es lo que se proponía en su momento con la iniciativa: no desaparecer el INE, sino cambiar el nombre por (Instituto Nacional Electoral y de Consultas), con la facultad de seguir siendo autónomo; reducir el número de diputados de 500 a 300; reducir el número de senadores, de 128 a 96; los consejeros del INEC y los magistrados del TEPJF serían propuestos por los tres poderes de la unión. Serían elegidos por medio del voto popular en elecciones abiertas; reducir el número de consejeros del INEC, de 11 a 7; el financiamiento público a partidos políticos, sólo para campañas electorales; la reducción a 30 minutos diarios en propaganda política en radio y TV; disminuiría la participación en una consulta popular de 40 por ciento a 33 por ciento para que fuera vinculante; eliminarían los Organismos Electorales locales; y, finalmente, se implementaría el voto electrónico.

Sin embargo, el Presidente AMLO acusó que los representantes de los partidos habían “guardado” la encuesta, así como funcionarios del INE, con la intención de “ocultar” y “silenciar” la opinión popular.

En dicha encuesta se dio a conocer que nueve de cada 10 personas estaban de acuerdo con recortar el dinero proporcionado a a los partidos políticos para las campañas electorales, así como disminuir el número de legisladores. Además, cerca del 87 por ciento de las opiniones estuvieron de acuerdo reducir las diputaciones y senadurías, entre muchas otras cosas.

No obstante, el cambio del INE al INEC es algo que particularmente resultó agresivo para sus representantes, pues este acto implicaba una reformación completa y la opción de desaparecer los institutos electorales estatales y Tribunales Electorales locales. A raíz de esto, líderes de oposición al Gobierno de la 4T promovieron la llamada “Marcha en favor del INE”, en donde convocaron a todos los mexicanos que estuvieran en contra de una reformación al INE.

Así, más de 200 mil mexicanos salieron a las calles a marchar y exigir que no se realizara ningún cambio. Como respuesta, AMLO planteó una “contramarcha”, cuyas implicaciones parciales eran el celebrar su cuarto año de Gobierno, pero como trasfondo se hallaba el demostrar qué frente podía reunir a más personas en el Zócalo Capitalino, algo que presumiblemente consiguió al haber conjuntado cerca de un millón 200 mil personas, según información de la jefa de gobierno, quien también asistió a la marcha. Por supuesto, estos eventos y la polémica en torno los llamados de grupos de choque y los presuntos gastos de 5 mil millones de pesos del erario público en logística influyeron para que la discusión y votación del dictamen sobre la Reforma Electoral en el pleno de la Cámara de Diputados se aplazara hasta el próximo 6 de diciembre,

Implicaciones políticas del Plan B a la Reforma Electoral

Recientemente, la decisión de frenar de tajo a la Reforma Electoral, el Presidente enviará este fin de semana una iniciativa de reforma a leyes secundarias. Esto quiere decir que AMLO buscaría, en caso de ser rechazada la Reforma Electoral, una alternativa con la cual poder modificar un pequeño número de leyes secundarias y reglamentarias. Con ello, el mandatario lograría su cometido de reformar por fragmentos los organismos electorales mexicanos, sin pasar por la Constitución Mexicana.

Esta, aparentemente, no violaría lo dictaminado por la Constitución, aunque el mandatario se dijo preparado ante cualquier intervención de la Suprema Corte, la cual definiría si es inconstitucional o no.

Sin embargo, aunque la iniciativa presumiblemente llegaría a buen puerto, lo cierto es que no podría lograr mucho de lo que se planteó inicialmente. Entre estas medidas, tenemos que no sería posible reducir el número de diputados plurinominales, esto debido a que la Constitución avala a 200 legisladores electos por el sistema de representación proporcional (plurinominales). De la misma manera, el poder ejecutivo queda imposibilitado de designar si los consejeros del INE y magistrados del Tribunal Electoral pueden ser elegidos mediante el voto popular, sino que los primeros continuarán siendo escogidos mediante una votación de la Cámara de Diputados y los segundos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Senado de la República.

Finalmente, resulta imposible recortar dinero a los partidos políticos. Con ello, estos seguirán recibiendo un pago mensual para promoción de partidos, dejando de lado lo propuesto por la Reforma Electoral en donde se destinaría sólo un pago para gastos de campañas.

Esto dijo al respecto el presidente sobre lo que ya no podrá lograrse con el bloqueo de la Reforma Electoral:

“Aplauso para el bloque conservador porque van a seguir habiendo 500 diputados. O sea, 300 electos de manera democrática y 200 de lista. Aplauso. Eso no lo puedo hacer porque eso está en la Constitución, por eso estábamos planteando la reforma a la Constitución, pero ya dijimos que eso no va a permitirse. Aplauso, no se le puede quitar dinero a los partidos”.

¿Pero entonces qué sí se podría lograr con el Plan B de AMLO? Según lo dicho por Ignacio Mier Velazco, líder de la bancada de Morena en San Lázaro, dio pistas de aquello que sí podría obtenerse, al considerar que el plan de AMLO promete ahorros para México que no necesariamente implican tocar la Constitución. Según lo dicho, se buscaría, más que reformar, reorganizar y segmentar las tareas administrativas del INE y de los Organismos Públicos Locales. Con ello, el ahorro de la nueva iniciativa acercaría a los 3 mil millones de pesos anuales.

Según el funcionario, esto tendría como fundamento un texto fechado y difundido en 2013 por Lorenzo Córdova, quien actualmente funge como presidente de la institución electoral. En dicho documento, se hace un recuento de las funciones de los Organismos Públicos Locales y del INE, aunque muchas de ellas no están fundamentadas, hecho que revelaría una bipartición de responsabilidades incoherente. Esto por consiguiente provocaría dificultades en el tema de fiscalización y estaría inflando presuntamente los costos en los procesos electorales.

Aunque la discusión de la Reforma Electoral de AMLO podría desecharse, se presentará el Plan B ante el Congreso de la Unión. No obstante, se dijo que se tiene como fecha límite para ser entregado hasta abril de 2023. Estas, presumiblemente, entrarían en vigor para 2024.

 

 

 

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