• Jóvenes, mujeres y migrantes son los más vulnerables ante fraudes laborales, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

• De acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano, se denuncian casos donde se exige pago por supuestos trámites, exámenes o uniformes.

• La falta de regulación digital y verificación en portales de empleo facilita la publicidad engañosa.

Buscar empleo por internet se ha convertido en una práctica común, sobre todo entre jóvenes y personas en busca de nuevos aprendizajes. Sin embargo, lo que debería ser una puerta hacia nuevas oportunidades, en muchos casos se ha transformado en una trampa bien elaborada que oculta intenciones criminales.

Cada vez son más frecuentes los testimonios de personas que, tras responder a una atractiva vacante publicada en redes sociales o plataformas digitales, terminan siendo víctimas de fraudes, extorsiones o incluso redes de trata. Les prometen sueldos elevados, horarios flexibles y estabilidad económica, pero lo que hay detrás muchas veces es explotación, abuso o desaparición.

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Estos engaños no solo son difíciles de identificar, también aprovechan la urgencia y la necesidad de quienes más buscan salir adelante. Migrantes que llegan sin red de apoyo, mujeres que intentan conciliar trabajo y familia, o jóvenes en busca de su primer ingreso formal, todos ellos son blancos perfectos para quienes operan bajo el disfraz de “reclutadores”.

El problema no es nuevo, pero sí ha crecido con la digitalización de la vida cotidiana. Las plataformas no siempre cuentan con filtros o mecanismos de verificación que impidan la circulación de estos anuncios, lo que permite que los delincuentes actúen con facilidad y anonimato.

Frente a este panorama, ya se están tomando acciones en algunas regiones del país. En Oaxaca, por ejemplo, se presentó una iniciativa de ley que plantea castigar con hasta 14 años de prisión a quienes publiquen anuncios falsos de empleo con el fin de cometer delitos. Más allá de lo legislativo, el hecho de que se impulse una medida de este tipo revela la dimensión del problema y la necesidad urgente de frenarlo.

Es por ello que, Javier Casique Zárate, diputado en Oaxaca, propuso ante el Congreso del estado una reforma para incluir el artículo 383 en el Código Penal, que busca castigar la difusión de anuncios de empleo falsos.

Porque lo que está en juego no es solo la confianza en los procesos de búsqueda de empleo, sino la vida y dignidad de miles de personas que solo querían una oportunidad.

La digitalización del empleo

La digitalización del empleo ha abierto nuevas posibilidades de inserción laboral, pero también ha expuesto a millones de personas a engaños cuidadosamente diseñados. Entre ellos, las ofertas de trabajo falsas se han convertido en una de las formas más frecuentes de fraude, extorsión y captación con fines delictivos, especialmente en redes sociales, aplicaciones de mensajería y portales de búsqueda.

De acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, al menos el 35% de las víctimas de trata de personas en México fueron contactadas a través de anuncios de empleo falsos. Este tipo de reclutamiento se ha sofisticado, ahora los delincuentes utilizan lenguaje corporativo, páginas web clonadas y promesas atractivas para generar confianza.

En muchos casos, las víctimas son citadas en supuestos procesos de selección donde se les despoja de sus pertenencias, se les extorsiona o incluso desaparecen. Otras veces son engañadas para trasladarse a otra ciudad o país, lo que facilita su explotación en redes de trabajo forzado o con fines más serios.

El fenómeno no es exclusivo de México. En un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se reportó que más de 12 millones de personas en el mundo son víctimas de trabajo forzoso en el sector privado, muchas de ellas captadas a través de promesas engañosas de empleo. La región de América Latina concentra más del 14% de estos casos, con una tendencia creciente desde la pandemia.

Por su parte, organizaciones como Fundación Freedom y ECPAT México han advertido que, si bien las redes sociales han facilitado la búsqueda de empleo informal, también han permitido que los tratantes de personas amplíen su alcance y reduzcan los riesgos de ser detectados.

Además, la falta de regulación en los portales de empleo, sumada a la escasa cultura digital preventiva, provoca que estas prácticas se sigan normalizando. Por eso, varios expertos coinciden en que la legislación debe ir acompañada de campañas de información, monitoreo digital proactivo y responsabilidades compartidas entre plataformas, gobierno y sociedad civil.

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