La malas prácticas en cobranzas y recuperación de créditos ya forman parte de los delitos federales y ameritan cárcel y multas para quienes las ejecuten, de acuerdo con lo publicado este viernes en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Según la reforma que aprobó el Congreso, la reforma en materia penal referente a la cobranza extrajudicial, en donde ya entraron en vigor las penas de dos a cuatro años de prisión y multas que van de 50 mil a 300 mil pesos.

Entre los puntos más importantes, se encuentra la adición del artículo 248 Bis al Código Penal Federal, con el capítulo de “Amenazas y Cobranza Extrajudicial Ilegal” en donde se especifican las sanciones. Además, serán agravantes si se utilizan documentos o sellos falsos, por lo que la pena y la sanción económica aumentarán en una mitad.

En el caso de las oficinas de cobranzas que incurran en usurpación de funciones o de profesión, se aplicarán las reglas del concurso de delitos señalado en el Código Penal Federal, según quedó establecido en el documento oficial.

Mario Di Costanzo, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) explicó ante medios de comunicación que desde hace un año registran las malas prácticas a través del Registro de Despachos de Cobranza (Redeco), y que en todas las delegaciones establecerán un protocolo de actuación para orientar al quejoso.

Actualmente hay 21 causas en el Redeco de las cuatro que caen en presunción del delito, por lo que cuando el usuario ubique alguna causal, se le informará en el portal donde además de tramitar la queja, tendrá que acudir a una delegación de la Condusef para ser orientado y que realice la denuncia ante la Procuraduría General de la República, explicándole que presente pruebas, pero en cualquier caso la denuncia no exime al usuario del pago de la deuda porque la acusación es contra la acción de cobranza.

En México, operan 47 instituciones consideradas dentro de la  Banca Múltiple, de acuerdo con información de diciembre de 2016 de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Las instituciones de este tipo son las autorizadas en el país para ofrecer con uno de los servicios financieros que más impactan en los consumidores: los créditos. Estos pueden ser de diversos tipos, de consumo (tarjetas de crédito), comercial, financiero, hipotecario y de autofinanciamiento, entre otros.

Uno de los elementos fundamentales en este tipo de servicio financiero es la tasa de interés, ya que eso determina el costo que el usuario terminará pagando a la institución que le otorgue el crédito. Estas son determinadas por cada institución, factor que es importante para que los usuarios decidan solicitar uno.