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El temblor también cimbra la estabilidad democrática en México

Millones de usuarios exigieron que las organizaciones políticas, que el siguiente año se enfrentarán en un proceso de elección popular, destinen sus presupuestos de campaña a las labores de reconstrucción de daños ocasionados por el temblor.

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democracia

A dos semanas del sismo que sacudió a la Ciudad de México y otros estados del país, las donaciones económicas que se destinarán a la reconstrucción de las zonas afectadas son el foco de atención.

El costo de la reconstrucción se calcula entre los 1,000 millones de dólares y los 10,000 millones de dólares

Desde la cantidad exacta que ha llegado como ayuda de propios y extraños, hasta la manera y el momento en los que este capital será distribuido, los cuestionamientos que giran alrededor de este tema.

El asunto no es nada menor. De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos, reactivar las zonas afectadas por el sismo es una tarea que tendrá un costo calculado entre los mil millones y 10 mil millones de dólares.

A pesar de que diversos países, celebridades y marcas alrededor del mundo se han hecho presentes con diversas ayudas económicas, la realidad es que el total de lo recaudado hasta el momento queda muy lejos del cálculo más conservador de lo necesario para reconstruir las zonas afectadas. Administrar con estrategia el dinero es el siguiente gran reto a vencer.

Hasta el momento, la suma total de las donaciones económicas alcanza un monto calculado en 36.9 millones de dólares, cifra que si habláramos de un programa de restauración con un valor de mil millones de dólares, sólo estaría cubriendo apenas el 3.69 por ciento.

Partidos políticos ¿la solución?

En los próximos meses será necesario encontrar formas alternas para incrementar el dicho fondo, con el fin de acortar distancias en el camino por regresar a la normalidad y minimizar los impactos económicos que este desastre traerá tanto en las zonas afectadas como en el resto de la nación.

Con el contexto anterior en mente, resulta interesante retomar la exigencia que, durante los primeros días posteriores al sismo, fue conversación en redes sociales: el movimiento #PartidosDenNuestroDinero.

Utilizando este hashtag como término ancla, millones de usuarios exigieron que las organizaciones políticas, que el siguiente año se enfrentarán en un proceso de elección popular, destinen sus presupuestos de campaña a las labores de reconstrucción de daños ocasionados por el temblor.

El interés sobre el tema ha alcanzado proporciones interesantes. Durante el primer minuto que fue colocado el hashtag tuvo 33 mil 700 cuentas alcanzadas, mientras que registró 47 mil impresiones, según mostraron cifras de Tweet Reach.

Para las próximas elecciones federales, los nueve partidos políticos que estarán en contienda recibirán podrían recibir un total cercano a los 12 mil millones de pesos -presupuesto asignado durante las elecciones de 2012-, cantidad que los ciudadanos exigen que se destinen a los esfuerzos de reconstrucción antes que a spots publicitarios o acciones de campaña.

Con más de un millón 700 mil firmas -al cierre del 23 de septiembre- recabadas en la plataforma Change.org, la respuesta de la clase política fue casi inmediata. El PRI ofreció devolver el 25 por ciento del financiamiento, mientras que El Frente Opositor (PAN, PRD y MC) hablaron de un 100 por ciento, propuesta a la que se sumó Andrés Manuel López Obrador.

Si bien en primera instancia, hablamos de una iniciativa que resulta inconstitucional, la realidad es que existen recursos legales para dar luz verde a esta petición.

Democracia y competencia limpia, en riesgo

No obstante, llevar del dicho al hecho esta solicitud sería un riesgo de magnitudes importantes para la democracia y la competencia regulada en el juego electoral que está por dar inicio. Una crisis política estaría a la puerta.

Así lo han declarado diversos especialistas quienes argumentan que si bien pueden existir muchos argumentos para abogar por la anulación del financiamiento, este camino tendría un impacto severo en las oportunidades de los votantes por conocer todas las opciones disponibles bajo condiciones igualitarias.

Se estima que durante el proceso electoral de 2018, el 40 por ciento de la población votante serán jóvenes de entre 19 y 35 años.

Todo se concentra en la precaria regulación sobre el dinero que implica desarrollar una campaña de comunicación en momentos electorales. Hasta el momento, entregar dinero de los contribuyentes a las organizaciones políticas en el país es el mecanismo para evitar favoritismos así como “la compra de gobernantes” por parte de agentes privados con intereses alejados del bien común.

Sin embargo, es cierto que una gran parte de los recursos que están detrás de estas acciones de marketing político provienen de aportaciones privadas. Cifras publicadas por Excélsior, indican que en México ocho de cada diez pesos que se gastan en una campaña electoral están fuera del sistema.

Tan sólo en las últimas elecciones en el Estado de México, Coahuila y Nayarit, el Instituto Nacional Electoral (INE) refería que por cada 100 pesos gastados en campañas, 51 pesos no fueron reportados de manera adecuada al instituto electoral, lo que quiere decir que la procedencia del 51 por ciento del gasto total era desconocida.

Aunque tanto ciudadanos como agentes privados tienen derecho de realizar contribuciones a los partidos políticos con los que coinciden, lo cierto es que la legalidad y regulación de estos fondos tiene muchas brechas por cerrar.

Los topes de gasto por campaña es uno de los más graves. Por ejemplo, regresando a las elecciones más recuentes del Estado de México, tenemos que en esta entidad el tope de campaña fue de 285 millones de pesos con un listado nominal de 11.3 millones de electores. En otras palabras hablamos de un tope de gasto cinco veces más alto del que se calcula para la elección presidencial de 2018, que será de alrededor de 427 millones de pesos, con un padrón de 87 millones de electores.

El tope de gasto del Estado de México supone 25 pesos por cada elector, mientras que el presidencial de 2018 será sólo de cinco pesos por elector.

Consecuencia para las audiencias

De llevarse a cabo la propuesta de diversos partidos políticos sobre renunciar el 100 por ciento de su financiamiento para la reconstrucción de las zonas afectadas por los recientes desastres naturales, fenómenos como el anterior será cada vez más recurrentes en dimensiones mayores.

Las pautas en medios tradicionales serán desproporcionadas, las cuales no serán controladas por las entidades correspondientes ante la salida del financiamiento público.

El bombardeo que a través de medios digitales experimentan las audiencias en tiempos electorales podría replicarse con fuerza en canales tradicionales y de mayor alcance, con exposiciones diferenciadas entre candidatos lo que por antonomasia tendrá efectos en los resultados finales del proceso electoral.

Espacios como las redes sociales podrían ejercer un equilibrio; sin embargo, la nula regulación de estos espacios abriría espacios aún más grandes y fértiles para la guerra sucia.

Lo que nos espera durante los siguientes meses en la relación entre ciudadanos y políticos será un tema a estudiar. El poco involucramiento que los ciudadanos, en especial aquellos que pertenecen a las generaciones más jóvenes, tiene con los organismos, personajes e instituciones representantes de la política será el aspecto sobre el cual trabajar. La arista política parece estar cerrada a generaciones maduras que, desde una óptica generalizada, no empatan con las exigencias y sed de innovación así como de colaboración que profesan las nuevas generaciones.

Sumarse con donaciones y apoyo en la materia, sin duda será útil; no obstante, no será lo único que pueda mejorar la relación entre votantes y agrupaciones políticas más aún en tiempos en los la nación así lo demanda. No olvidemos que la transparencia es una de las grandes exigencias del  votante que el marketing político, hoy más que nunca, no puede ignorar.

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