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Ayotzinapa: fuerza de discurso político, 8 años de incertidumbre

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, se expresó a filtración de la información que la Comisión de Ayotzinapa entregó a la Fiscalía General de la República (FGR).

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  • La periodista Peniley Ramírez compartió en su columna lo que supuestamente había sido censurado del informe de la Comisión de la Verdad de Ayotzinapa.

  • El subsecretario Alejandro Encinas ha condenado la filtración de datos, considerando que se trata de un retroceso en torno a los procesos jurídicos y una “falta de respeto a los familiares afectados”.

  • Internautas han acusado a los presuntos responsables de este hecho, haciendo tendencia los hashtags #FueelEstado y #Ayotzileaks.

El discurso político en el caso Ayotzinapa durante estos 8 años ha sido todo menos claro. La llamada “Verdad histórica“, ha sido descrita por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, como una “mentira construida para robar la esperanza y las exigencias de justicia”.

Fue el pasado 26 de agosto cuando el funcionario señaló en conferencia de prensa que fueron muchos los funcionarios implicados en las reuniones comandadas por el expresidente de la República, Enrique Peña Nieto, con el objetivo de manejar una versión oficial en torno a la desaparición forzada de los estudiantes.

“Cuando señalamos que la verdad histórica se diseñó en los más altos niveles del Gobierno Federal, involucra a todas aquellas personas que participaron en las reuniones de la Presidencia de la República en la discusión de estos temas”, compartió entonces. “Y es ahí donde habrá que ubicar no solamente el diseño, sino particularmente la operación y la implementación de estas acciones, que en muchos casos hay presunción de alteración de la escena del crimen y particularmente lo que está plenamente acreditado es haber creado una verdad fundada en actos de tortura”, añadió.

Según lo que se señala, fue ahí cuando el entonces Fiscal General, Jesús Murillo Karam, ideó la “Verdad histórica“. Esta, durante muchos años, responsabilizó lapidariamente al cártel Guerreros Unidos y a “policías corruptos”. A la par, mencionaba que los estudiantes de la Normal acudieron al pueblo de Iguala a boicotear el informe de la presidenta del DIF local (Desarrollo Integral de la Familia), sin embargo, ahora se sabe que, lo que realmente buscaban era tomar camiones para asistir a la marcha del 2 de octubre en la capital mexicana.

Al final, el reporte subrayó que fueron dichos policías quienes entregaron a los estudiantes a miembros del cártel para asesinarlos en un basurero cercano a Cocula. Sin embargo, se sabe tras el nuevo informe que los normalistas nunca estuvieron juntos.

A 8 años de este caso, lleno de incertidumbre, el discurso ha cambiado completamente. La filtración de reciente de datos, según o dicho por Encinas, podría entorpecer el proceso de resolución en favor de los padres de los normalistas, quienes durante todos estos años se han mantenido firmes exigiendo justicia, esta vez bajo la administración de la 4T. ¿Qué más esconde esta declaración?

Ayotzinapa: fuerza de discurso político, 8 años de incertidumbre

“El caso Ayotzinapa no está cerrado”, han señalado en incontables ocasiones el Ejecutivo y Alejandro Encinas. La “Verdad histórica” que se ha ido desmantelando con el paso de los años, y más concretamente durante los últimos meses, ahora se halla atravesando un panorama incierto.

Por un lado, la filtración de la información proporcionada por la Comisión de la Verdad de Ayotzinapa a la Fiscalía General de la República (FGR) a través de un medio local ha puesto en predicamentos al avance que se había hecho a través las declaraciones de “Juan“, el testigo protegido.

“Es absolutamente irresponsable y una falta de respeto a los padres y madres de los estudiantes desaparecidos”, compartió a través de un hilo de Twitter Encinas, luego de que más medios hicieran eco al divulgar la información censurada presentada en el Informe sobre el caso Ayotzinapa, publicado por Gobierno de México el mes pasado.

El subsecretario señaló que la filtración de datos es una ofensa grave para los padres y madres de los normalistas, y señaló que ya han solicitado “a la @FGRMexico que inicie una indagatoria para identificar y castigar a quien resulte responsable de esta grave filtración”. Asimismo, aseguró que en todos los casos en los que no se procede de acuerdo a la Ley, en cuanto a la utilización de información sensible, es claro que entorpece los procesos para hacer justicia.

Discursos contrarios: ¿cuándo es libertad de expresión y cuándo se convierte en atentado?

En las últimas horas, a raíz de la columna publicada por Peniley Ramírez en el Reforma, muchas opiniones han podido leerse en torno a las distintas posturas que han acogido a este terrible suceso. La información compartida por la periodista arrojó en la conversación digital distintos nombres involucrados en el caso Ayotzinapa.

Desde la respuesta de la hija de José Luis Abarca en donde negó que las declaraciones presentadas en el informe y en la columna de Peniley fueran verídicas, asimismo, responsabilizando al subsecretario Encinas por seguir “perpetuando la versión compartida por Murillo Karam”; hasta, por ejemplo, qué tanto tuvo o no que ver el entonces coronel del Ejército José Rodríguez.

La conversación digital expresó su descontento ante la falta de claridad del Gobierno de la 4T y la respuesta de Encinas, comparando el caso con lo sucedido en el caso de Julian Assange. El periodista, quien fuera sentenciado a 175 años de prisión por una filtración masiva de documentos confidenciales del gobierno estadounidense, está siendo respaldado por el Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador en donde señaló que México le abría las puertas a Assange:

“Esto es un vergüenza para el mundo, el trato que le han dado a este periodista, muchos no saben que lo que hizo fue que, con un investigación poco ortodoxa, recogió los informes de embajadas de Estados Unidos, donde se hablaba de actos de intervencionismo y de crímenes”, señaló entonces el Ejecutivo.

Esto problematiza no sólo en todo lo que se ha dicho en torno al discurso de la “Verdad histórica”, sino en el posicionamiento de la 4T, la cual en este caso enfrenta el mantener el posicionamiento respecto a la libertad de expresión y a lo que sería un “atentado” contra las estimaciones y la continuidad de los procesos jurídicos.

Y es que la columna presentado no sólo acabaría por presuntamente evidenciar que lo que se ha sabido sobre el caso no sólo podría estar equivocado, sino que probablemente se sabe casi nada todavía.

Nombres como Ayotzinapa, Murillo Karam, Peniley Ramírez, Julian Assange, José Luis Abarca y Alejandro Encinas Rodríguez han sido de particular interés para las búsquedas en redes sociales, siendo siendo el nombre de Karam el que más índice de búsqueda ha captado en un lapso bastante corto de tiempo, mientras que, según estimaciones de Google Trends, sería José Luis Abarca quien concitaría el mayor flujo de búsquedas en torno al caso.

De la misma manera, Guerrero y la Ciudad de México han sido los estados de la República Mexicana en donde el tema ha sido más recurrente, con un 100 por ciento. Entre las consultas relacionadas en torno a “Ayotzinapa”, se hallan palabras como “tercer informe giei ayotzinapa”, “caso ayotzinapa 2022”, “ayotzinapa marina” y “jesus murillo karam”.

Por otro lado, la discusión en Twitter posicionó el hashtag #FueElEstado y #Ayotzileaks, los cuales hacen referencia a los tweets compartidos por Peniley, en donde se descubrió la conversación entre “El Chino” y “El Negro”, mientras que la otra involucraba a “Karen” y a la hija de Abarca, Yazareth Abarca, presuntamente.

De la misma manera, algo que desató la crítica fue el posicionamiento de la 4T, la cual condenó la situación sobre el control en la filtración de datos, más allá incluso que los propios hechos perpetuados hace 8 años. Por ahora, la discusión continúa evidenciando nombres como Enrique Peña Nieto, Tomás Zerón, Murillo Karam y, por supuesto, el grupo delictivo Guerreros Unidos, de los cuales son 83 lo señalados presuntamente culpables por el caso de desaparición forzada y asesinato. De esos, se sabe que 14 miembros han muerto bajo testimonios distintos. Recordemos que, parte de lo que se le acusa a la Agencia extinta de Tomás Zerón es de obtener testimonios falsos mediante la tortura y la violencia.

Por todo esto, conocer cuál es la verdad final en torno a este caso, parece que no será cosa sencilla, sin embargo, reflexionar en torno a la represión y a la libertad de expresión podría hacer una diferencia, con la cual se pueda castigar a quienes deban ser castigados y evitar así señalar a los menos culpables en esto.

 

 

 

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