En gran parte de Latinoamérica, el acceso a una vivienda propia se ha convertido en una meta casi inalcanzable para quienes perciben el salario mínimo. Más allá de números o estadísticas, esta realidad impacta directamente en la calidad de vida y en la estabilidad social de millones de familias.

Un estudio reciente de la Universidad Torcuato Di Tella pone en perspectiva el enorme desfase entre los ingresos mínimos y el costo de las casas en distintas ciudades de la región. Por ejemplo, en Buenos Aires, Argentina alguien que destine todo su sueldo mínimo mensual a comprar una vivienda tardaría más de un siglo en lograrlo, mientras que en ciudades como Ciudad de México o Lima el plazo estimado ronda entre 50 y 65 años.

Sin embargo, estas cifras representan solo la punta del iceberg. El análisis no considera gastos básicos, inflación ni créditos hipotecarios, lo que en la práctica extiende aún más los plazos y complica la realidad para quienes intentan alcanzar la casa propia.

En México, donde el salario mínimo es de 278.80 pesos diarios en la mayor parte del país y un poco más alto en la frontera norte, la brecha entre el ingreso y el precio de una vivienda sigue siendo una barrera enorme. Esto no solo limita el acceso a un patrimonio, sino que también impide que muchas personas puedan establecer bases sólidas para su futuro.

Este escenario invita a reflexionar sobre la necesidad de transformar las políticas habitacionales. Más allá de los esfuerzos individuales, se requiere una estrategia integral que contemple vivienda accesible, mejores condiciones salariales y la creación de alternativas que reduzcan la dependencia de largos años de ahorro para alcanzar un hogar digno.

En definitiva, el reto no es solo cuánto tiempo debe trabajar alguien para comprar una casa, sino cómo construir un entorno donde ese tiempo se reduzca y la vivienda deje de ser un privilegio para convertirse en un derecho real y tangible.

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