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A nivel global, Somalia es percibido como los países más corruptos del mundo, seguido de Sudán del Sur y Siria, según Statista.
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Uruguay fue percibido en 2022 como el país menos corrupto de América Latina y el Caribe.
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Según el INEGI, más del 60 por ciento de los mexicanos considera que la corrupción ha aumentado significativamente en los últimos años.
Los factores políticos y económicos desempeñan un papel crucial en la perpetuación de la corrupción, y es que con factores como la falta de regulación efectiva y la impunidad contribuyen a la normalización de prácticas de este tipo.
En ese sentido, México se encuentra inmerso en una realidad donde la corrupción no solo persiste, sino que se ha arraigado en la cotidianidad de la vida. Las estadísticas alarmantes revelan que aproximadamente siete de cada diez mexicanos han experimentado directa o indirectamente algún tipo de corrupción. Este dato impactante señala una normalización que va más allá de incidentes aislados.
El Índice de Percepción de la Corrupción constituye un marcador que refleja las puntuaciones otorgadas a cada nación en categorías como sobornos a funcionarios públicos, corrupción en la contratación pública, desvío de fondos públicos y eficacia de las medidas anticorrupción implementadas por los gobiernos. La calificación óptima en este índice es 0, mientras que un puntaje de 100 indica la ausencia total de percepción de corrupción en el país evaluado. Según los resultados más recientes, Uruguay destacó como el país con menor percepción de corrupción en América Latina y el Caribe para el año 2022, alcanzando una puntuación de 74. Esto significa que la república oriental casi duplica la puntuación promedio de la región, establecida en 40 puntos en este índice.
Si nos enfocamos a nivel global, Somalia se sitúa en la posición de ser considerado uno de los países más afectados por la corrupción a nivel mundial, seguido de cerca por Sudán del Sur y Siria, ambos con una puntuación de 13. Los aspectos evaluados para calcular la percepción de los niveles de corrupción incluyen el soborno a funcionarios públicos, las comisiones en procesos de contratación pública, la malversación de fondos estatales y la efectividad de las medidas implementadas por el sector público para combatir la corrupción.
Corrupción, una normalidad para 7 de cada 10 Mexicanos
De acuerdo con Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad, 2 de cada 3 personas consideran que es inútil denunciar la corrupción en nuestro país, por ello, no es sorprendente que numerosos expertos coincidan en que prácticas como el soborno o la “mordida” sean consideradas como soluciones a los problemas cotidianos que enfrentan los mexicanos.
Desde la perspectiva de la International Organization for Standardization (ISO), el soborno se configura como un riesgo considerable para los negocios en diversos países y sectores. Este fenómeno puede oscilar entre gestos aparentemente menores, como el pago a un oficial de policía para evitar una multa por exceso de velocidad, hasta transacciones más complejas, como el pago para asegurar un contrato de importancia significativa.
Aunque para algunos, un acto de soborno pueda parecer un delito menor, la corrupción sistémica en distintos niveles tiene consecuencias amplias y graves. Estas consecuencias impactan negativamente en el crecimiento económico, desincentivan la inversión y contribuyen al aumento de la pobreza y la desigualdad social.
A pesar de los esfuerzos multifacéticos dirigidos desde diversas perspectivas, los expertos actuales sostienen que la erradicación de este problema es y seguirá siendo un desafío formidable. Un reciente estudio de Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad, titulado “¿Cambiar para seguir igual?”, mencionó que, aunque se atribuye más responsabilidad al gobierno, la ciudadanía percibe que otros actores deben participar activamente para abordar la corrupción en México.
A nivel global, el Banco Mundial estima que se pagan más de $1 billón de dólares al año en sobornos, lo que equivale al 3 por ciento del PIB mundial. En muchos casos, esta práctica se tolera como una parte necesaria para “cerrar el trato” o para sortear trámites burocráticos. Este escenario revela la complejidad y persistencia del problema a escala internacional.
Un amplio número de naciones ha introducido o fortalecido la legislación contra el soborno, convirtiéndolo en una infracción tanto para organizaciones como para individuos. Sin embargo, en la actualidad, la Iniciativa Privada a nivel global está tomando la iniciativa con la norma ISO 37001, Sistemas de Gestión Antisoborno.
Esta iniciativa contribuye de manera significativa a la confianza y percepción que se tiene sobre las empresas, como lo evidencia el Trust Barometer 2023 de Edelman. Según este informe, las compañías son consideradas las instituciones “más competentes y éticas”, superando al gobierno por 66 puntos en competencia y por 39 puntos en ética.
La ISO 37001 representa una norma que incorpora una serie de buenas prácticas reconocidas internacionalmente en la lucha contra el soborno. Lo notable de esta norma es que puede ser implementada y certificada por todas las empresas y organizaciones, independientemente de su tipo, tamaño o naturaleza de negocio o actividad. Esto incluye tanto a entidades públicas como privadas, así como a las organizaciones voluntarias de los sectores sin fines de lucro.
“Se trata de medidas muy concretas, con un liderazgo desde la parte superior de la empresa, y que incluyen la formación, la evaluación de riesgos, la debida diligencia, los controles financieros y comerciales, la presentación de informes, auditoría e investigación”, explicó Carlos Pérez, director general de NYCE México.
