El crecimiento de las líneas celulares en México no solo habla de un país más conectado, sino también de una sociedad que transita hacia la digitalización total. Ahora se dio a conocer que América Móvil dio a conocer que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) multó a Telcel con 1,782.6 millones de pesos por supuestas prácticas monopólicas relativas en el mercado nacional de distribución y comercialización de tarjetas SIM.
Y es que México vive una etapa de transformación digital acelerada, impulsada en gran medida por el crecimiento sostenido de las líneas telefónicas celulares. De acuerdo con cifras más recientes del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), al cierre del primer trimestre de 2025 se registraron más de 139 millones de líneas móviles activas, lo que representa un incremento interanual del 4.2 por ciento respecto al mismo periodo de 2024.
Este repunte se alinea con el aumento en la demanda de servicios móviles derivados de una mayor adopción de smartphones, la expansión de la cobertura 4G y 5G, y el auge de plataformas digitales que requieren conexión constante. Asimismo, el modelo de prepago sigue siendo el dominante, concentrando aproximadamente el 78% del total de líneas móviles, aunque el pospago ha tenido un crecimiento moderado gracias a ofertas más competitivas y planes con beneficios añadidos.
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Por segunda ocasión en menos de un año, Telcel, la principal filial de América Móvil, ha sido sancionada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) debido a presuntas prácticas monopólicas en la comercialización de tarjetas SIM. Esta vez, la multa asciende a 1,782.6 millones de pesos, una cifra sin precedentes en el sector, por acciones que —según el regulador— afectaron directamente la competencia y la libertad de elección de los consumidores mexicanos.
De acuerdo con el IFT, la investigación que derivó en esta sanción inició en agosto de 2021. En ella se documentó que Telcel habría otorgado incentivos económicos y beneficios estratégicos a Oxxo e IMMEX, dos de los principales canales de distribución del país, a cambio de que se abstuvieran de vender chips SIM de operadores competidores. Esta práctica habría tenido lugar entre enero de 2021 y enero de 2024, afectando a miles de puntos de venta en todo el territorio nacional.
El órgano regulador determinó también sanciones para las empresas involucradas: 19.5 millones de pesos para Oxxo y la misma cantidad para IMMEX, por coadyuvar y facilitar la ejecución de la conducta anticompetitiva. La acusación se basa en que el acuerdo limitó la disponibilidad de opciones para los consumidores, obstaculizando su derecho a elegir libremente entre diversas ofertas de servicios móviles.
Telcel rechaza las acusaciones
Ante eso, en un comunicado emitido poco después del anuncio, Telcel rechazó “categóricamente” haber incurrido en prácticas monopólicas, y anticipó que interpondrá los recursos legales necesarios para impugnar la resolución del IFT. La empresa, propiedad del magnate Carlos Slim, sostiene que ha actuado siempre dentro del marco legal y de conformidad con la normatividad aplicable.
Sin embargo, no es la primera vez que la firma es sancionada por motivos similares. En septiembre de 2024, el mismo IFT impuso una multa de 90.6 millones de pesos a Telcel por beneficiar a un canal de distribución no identificado, condicionando descuentos y beneficios a cambio de no vender productos de la competencia en Michoacán, Colima y Jalisco.
La reiteración de este tipo de prácticas ha encendido las alertas en el sector. De acuerdo con analistas, las prácticas monopólicas restringen la competencia, lo cual genera efectos negativos como precios más altos, menor calidad del servicio y una oferta limitada de productos. Además, inhiben la innovación tecnológica, ya que en ausencia de presión competitiva, las empresas líderes no tienen incentivos para mejorar.
El caso cobra especial relevancia en un contexto de transformación tecnológica en la industria móvil, con la expansión del uso de tecnologías como el eSIM, que permite activar un servicio de telefonía sin necesidad de una tarjeta física. Si bien esta innovación ofrece mayor flexibilidad al usuario, su adopción también ha expuesto nuevas brechas en el modelo comercial de algunas operadoras.
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha advertido recientemente sobre irregularidades detectadas en la comercialización de servicios móviles con eSIM internacionales, particularmente de empresas que ofrecen tarifas “más baratas” pero que no cumplen con requisitos esenciales para operar legalmente en el país. Entre ellos: contrato de adhesión registrado, tarifas autorizadas y concesión oficial.
Esta situación plantea nuevos desafíos para la regulación y para la protección del consumidor en un ecosistema cada vez más digital, donde la conectividad se vuelve indispensable y las condiciones de competencia deben garantizarse desde todos los frentes.
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