Aunque las nuevas normas de etiquetado apenas viven su primera fase, la realidad es que esta medida se ha convertido en todo un dolor de cabeza para las marcas y Coca-Cola ha sido la primera en tomar cartas en el asunto.

En un comunicado enviado durante esta semana a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Coca-Cola Femsa señaló que está promoviendo un juicio de amparo en contra de la reforma a la NOM-051, misma que establece un nuevo etiquetado para los alimentos y bebidas no alcohólicas que son considerados altos en azúcar, grasas o sodio.

Contra el etiquetado

De manera textual, en el documento mencionado se indica que “la Compañía ha promovido un juicio de amparo en contra de esta reforma, la cual se encuentra pendiente de resolución. La compañía no puede asegurar que esta reforma no tendrá un efecto adverso en su negocio y en los resultados de sus operaciones en México”, al tempo que puntualiza que la resolución de este proceso está pendiente.

Según las nuevas normas de etiquetado, será a partir del 1 de octubre de este año cuando todas las marcas deberán de sumarse a estos nuevos lineamientos, en donde sus empaques, en principio, tendrán que mostrar una serie de advertencias sobre las cantidades de azúcar, grasa y sal que poseen.

Aunque se ha mencionado que, en cumplimiento con la anterior NOM-051, los productos sin el nuevo etiquetado podrán permanecer en el mercado hasta el 30 de noviembre del año en curso, lo cierto es que hablamos de un movimiento que en primera instancia supondrá un gasto interesante para todos los involucrados en la cadena de generación de valor.

De manera puntual, se estima que acatar el cambio en el etiquetado involucraría a cerca de 800 mil productos, lo cual equivaldría a una inversión de más de 6 mil millones de pesos para la mayoría de las tiendas de la capital del país, esto aún cuando el plazo de implementación recibió una prórroga.

Oaxaca no se salva

Adicional, Coca-Cola informó que ha promovido otro amparo en contra de la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos, aprobada en junio del año pasado en Oaxaca, con la que se busca prohibir el uso, venta y distribución de botellas de resina PET de un solo uso para botellas de agua y cualquier otra bebida en dicho estado de la República Mexicana.

De esta manera, en el comunicado enviado a la BMV, la compañía destaca que “como resultado, el 30 de julio de 2019 dos de las subsidiarias mexicanas de la Compañía promovieron un juicio de amparo en contra de esta reforma y solicitaron una suspensión provisional, la cual fue negada. Este proceso continúa y se encuentra pendiente de resolución. La compañía no puede asegurar que las acciones legales que tome, tendrán el efecto deseado, o que la reforma no tendrá un impacto material en su negocio y en los resultados de sus operaciones en México”.

En este contexto, es importante recordar que a principios de este mes el Congreso de Oaxca aprobó un dictamen que prohibe la venta, obsequio o cualquier otro modelo de suministro de alimentos y bebidas consideradas como “chatarra” a menores de edad, luego de una modificación a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

En esta línea es importante mencionar que la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) informó esta semana que recolectó alrededor de 30 mil firmas que muestran el rechazo de la industria a esta ley.

Y es que de la misma manera que sucede con el etiquetado, se trata de una reforma que podría costar millones de pesos a la cadena de distribución.

De acuerdo con la propia ANPEC, “estos productos son el motor de venta del canal, y empuja el 50 por ciento de las ventas y significa dejar de vender en Oaxaca 100 millones de pesos diarios”.