El Paquete Económico 2026 presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum ante el Congreso ha puesto en el centro de la discusión a los bancos más grandes del país. La propuesta contempla eliminar la deducción fiscal de las contribuciones que realizan al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), lo que impactará directamente en las finanzas de instituciones como BBVA México, Santander, Banorte y Banamex, que representan el corazón del sistema bancario nacional.

El secretario de Hacienda, Edgar Amador, explicó que esta iniciativa busca armonizar la normativa mexicana con la estadounidense, donde los pagos a la Corporación Federal de Seguros de Depósitos tampoco son deducibles. Con este cambio, el gobierno estima recaudar alrededor de 10 mil millones de pesos al año, equivalentes a unos 540 millones de dólares, una cifra que se sumaría a los esfuerzos de consolidación fiscal en un contexto económico marcado por la necesidad de mayores ingresos públicos.

El IPAB es el organismo que garantiza los depósitos de los ahorradores mexicanos hasta por 3.4 millones de pesos, alrededor de 180 mil dólares, en caso de que una institución financiera enfrente problemas de solvencia. Su papel es clave para mantener la confianza en el sistema bancario y asegurar la estabilidad financiera, por lo que las aportaciones de los bancos constituyen un respaldo fundamental.

En 2024, BBVA México, Santander, Banorte y Banamex aportaron en conjunto alrededor de 35,700 millones de pesos al IPAB, lo que equivale a más del 60 por ciento del total de contribuciones. El peso que tienen estas cuatro instituciones en la estructura bancaria es determinante: BBVA concentra aproximadamente el 22 por ciento de los depósitos en el país, Banorte cerca del 13 por ciento, Santander alrededor del 12 por ciento y Banamex poco más del 8 por ciento, de acuerdo con datos del regulador a julio de este año.

El efecto inmediato de la eliminación de la deducción fiscal, según el analista de Citi Brian Flores, será moderado en términos de ganancias para los bancos, pero lo relevante está en la señal que envía el gobierno: se trata de una medida que podría abrir la puerta a nuevas cargas fiscales para el sector en el futuro. “El impacto en las utilidades es manejable, pero lo que preocupa es la posibilidad de que esta sea solo la primera de varias medidas en contra de la rentabilidad bancaria”, señaló en una nota a inversionistas.

Aunque Citigroup, propietario de Banamex, declinó hacer comentarios y los representantes de los otros bancos no respondieron a las solicitudes de información, la propuesta ya genera inquietud entre analistas y legisladores. Para algunos, se trata de una acción necesaria para fortalecer la recaudación y reducir dependencias fiscales; para otros, es un mensaje que podría desincentivar la inversión en un sector que históricamente ha sido uno de los más rentables del país.

El debate en el Congreso promete ser intenso, ya que no solo se discute una medida técnica de recaudación, sino el equilibrio entre el fortalecimiento de las finanzas públicas y la competitividad del sistema financiero mexicano. En medio de un panorama donde los bancos mantienen márgenes de utilidad elevados y concentran gran parte del ahorro nacional, la decisión podría convertirse en un precedente que cambie la relación del Estado con la banca en los próximos años.

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