En México, el consumo de refresco y bebidas azucaradas no es solo un hábito cultural, sino una bomba de tiempo para la salud pública y las finanzas del país. Con un promedio de 166 litros al año por persona, la nación se coloca entre los mayores consumidores del mundo, según Statista. Un envase de 600 mililitros contiene hasta 15 cucharaditas de azúcar, suficiente para detonar enfermedades crónicas cuando se ingiere de forma cotidiana.
La evidencia es contundente, uno de cada tres nuevos casos de diabetes mellitus y uno de cada siete de enfermedades cardiovasculares se vinculan directamente con la ingesta de estas bebidas. En 2024, el INEGI reportó 192 mil 563 muertes por enfermedades cardiovasculares y 112 mil 641 por diabetes, dos de las principales causas de defunción en el país.
El costo de la epidemia azucarada
El sistema de salud se encuentra rebasado. Solo en 2024, el IMSS destinó más de 38 mil 800 millones de pesos a la atención de la diabetes —106 millones diarios— y otros 33,475 millones a la insuficiencia renal, una de sus complicaciones más graves. En conjunto, los gastos asociados al sobrepeso, la obesidad y la diabetes superan los 50,000 millones de pesos anuales.
La OCDE estima que, en el último lustro, México ha gastado alrededor de mil millones de dólares para atender estos padecimientos. Sin embargo, el presupuesto en salud no ha crecido al mismo ritmo: el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2026 asigna 965 mil 600 millones de pesos, un aumento nominal de 5.9 por ciento respecto a 2025, pero que en términos reales equivale a 3.2 por ciento menos.
El impuesto saludable ¿avance o medida insuficiente?
El Paquete Económico 2026 contempla un aumento al IEPS de bebidas azucaradas, que pasará a 3.08 pesos por litro e incluirá también a productos con endulzantes no calóricos. La medida busca desincentivar su consumo y obtener recursos adicionales, pero especialistas consideran que es insuficiente.
El problema, coinciden expertos, no solo es la tasa, sino el destino de lo recaudado. “Lo importante es que el Congreso establezca que lo recaudado vaya directamente a la atención de la diabetes y otras enfermedades. Si el dinero entra a la bolsa general de la tesorería, se pierde la trazabilidad”, señaló Iván Benumea, de FUNDAR.
Asimismo, organizaciones de salud pública insisten en que los impuestos deben ampliarse también al tabaco y al alcohol. El alcohol está relacionado con 41 mil muertes al año, siete tipos de cáncer y el 20 por ciento de los accidentes viales fatales. Sus costos directos ascienden a 552 mil millones de pesos, equivalentes al 2.1 por ciento del PIB, más de lo que el Estado recauda de esta industria.
El aumento al impuesto a refrescos es un paso, pero el consenso es claro: se queda corto. El verdadero desafío está en garantizar que lo recaudado fortalezca el sistema de salud y no solo sirva como un paliativo en un contexto de finanzas públicas debilitadas.
La batalla contra la epidemia azucarada no se ganará con un aumento fiscal aislado, sino con políticas integrales que combinen prevención, regulación, educación alimentaria y financiamiento sostenible. De lo contrario, México seguirá pagando —en vidas y en dinero— el precio de cada litro de refresco.
Ahora lee:
Canelo vs. Crawford: Date, time, and where to watch the official weigh-in
Apple iPhone 14 Pro con 1 TB baja a 12 mil128 pesos en Amazon por Fiestas Patrias 2025
