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Pensó que podía vivir de Nintendo y ahora tendrá que pagar 2 millones de dólares

La historia de Ryan Daly es una advertencia para cualquier aspirante a emprendedor en el mundo de los videojuegos: intentar lucrar con la modificación de consolas de Nintendo no solo puede arruinar tu reputación, sino también dejarte con una deuda millonaria.
  • De acuerdo con Statista, en 2025, los ingresos de Nintendo reportaron más de siete mil millones de dólares estadounidenses cuando Nintendo Switch entró en su noveno año en el mercado.

  • Según la Entertainment Software Association (ESA), la piratería de videojuegos genera pérdidas de miles de millones de dólares al año en la industria global.

  • Entre 2024 y 2030, los ingresos por consolas de videojuegos aumentarán en 3 mil 330 millones de dólares, continuando su trayectoria ascendente. 

Foto de Bigstock

Es bien sabido que Nintendo, conocida por sus icónicos personajes y consolas, no es precisamente amiga de la piratería. A lo largo de los años, la compañía ha dejado claro que cualquier intento de evadir sus sistemas de seguridad será sancionado, y un nuevo caso reciente lo confirma. Ryan Daly, un joven estadounidense, deberá pagar hasta 2 millones de dólares tras vender chips que modificaban la Nintendo Switch.

El conflicto comenzó hace unos años, cuando Daly inició la venta de modchips bajo la marca Modded Hardware, una tienda en Estados Unidos con sede en Michigan. Estos dispositivos, conocidos como MIG, permiten saltarse las barreras de seguridad de la consola para ejecutar juegos pirateados. Pese a recibir advertencias de la marca, el hombre en cuestión simplemente ignoró y continuó operando, lo que derivó en la demanda formal presentada por la compañía en julio de 2024.

La acusación no fue menor: Daly fue señalado por “tráfico de dispositivos de elusión” e infracción de derechos de autor. Nintendo, al igual que en otros casos célebres como el de Gary Bowser, no dudó en hacer valer sus derechos. Lo que diferencia este caso es que Daly decidió defenderse por sí mismo, sin abogado, y terminó enfrentando el peso legal de una compañía acostumbrada a ganar este tipo de litigios.

Cabe destacar que el hombre no solo deberá pagar 2 millones de dólares, sino que también se le prohíbe de manera permanente fabricar, vender o promocionar cualquier tipo de dispositivo que permita manipular consolas Nintendo. Además, queda vetado de ofrecer documentación o soporte que facilite la piratería de los juegos. En pocas palabras, Daly deberá cerrar su tienda y abandonar cualquier actividad relacionada con la modificación de consolas, evitando así repetir errores que otros en la industria ya han pagado caro.

Este tipo de modchips no son simples accesorios, sino que representan un desafío directo a los derechos de autor y al modelo de negocio de Nintendo. Permiten que los usuarios ejecuten juegos sin pagar por ellos, una práctica que la compañía combate con firmeza. La historia de Daly vuelve a demostrar lo costoso que puede ser intentar “vivir de Nintendo”, aun cuando la idea parezca ingeniosa.

La relevancia de este caso no solo está en el monto de la multa. También destaca cómo la falta de asesoría legal puede convertirse en un factor crítico en litigios de esta magnitud. Daly, al no contar con un abogado que comprendiera los precedentes y estrategias de defensa frente a una empresa como Nintendo, se vio abrumado por el proceso. La consecuencia, además de la sanción económica, es la pérdida de oportunidad de continuar en el negocio de hardware modificado.

Casos anteriores, como el de Gary Bowser, muestran que las consecuencias pueden ser incluso más severas. Bowser estuvo en prisión y, aunque ya no enfrenta la cárcel, sigue pagando a Nintendo “de por vida”. Esta práctica envía un mensaje claro a cualquier individuo que considere lucrar mediante la modificación ilegal de consolas: el riesgo financiero y legal es enorme, y el camino de la piratería rara vez termina bien.

Además, el impacto va más allá de la sanción económica. Para las empresas como Nintendo, proteger sus sistemas no solo resguarda ingresos, sino que también mantiene la integridad de la experiencia de juego para millones de usuarios. Las modificaciones ilegales pueden afectar la funcionalidad de las consolas, generar fallas en los juegos e incluso abrir puertas a problemas de seguridad para quienes las usan. Por eso, la compañía no juega en tomar acciones legales contra quienes intentan sortear sus controles.

Otro punto interesante es cómo la comunidad de jugadores percibe estos casos. Mientras algunos ven a los modchips como herramientas de creatividad o personalización, la mayoría reconoce los riesgos y la ilegalidad de su uso para juegos pirateados. La historia de Daly se convierte así en un ejemplo para quienes podrían sentirse tentados a vender o usar dispositivos similares, recordando que la innovación tecnológica no exime de respetar la ley.

 

 

 

 

 

 

 

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