La PlayStation Store atraviesa un conflicto legal y reputacional en México. A casi un mes de que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) notificara a Sony sobre su obligación de mostrar precios en pesos y no en dólares, la tienda digital sigue operando en dólares. Esta decisión no solo vulnera lo que marca la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), sino que también está generando un impacto directo en el mercado de los videojuegos, uno de los más dinámicos y rentables del país.

Vale la pena mencionar que la disputa comenzó en la primera quincena de agosto, cuando un usuario en Reddit denunció que los precios en la PlayStation Store se mostraban exclusivamente en dólares. La queja escaló hasta Profeco, que notificó a Sony que debía modificar esta práctica para cumplir con la legislación mexicana.

El artículo 34 de la LFPC es claro: toda oferta o transacción en México debe presentarse en moneda nacional, con impuestos incluidos. La finalidad es que el consumidor conozca el costo real de un producto desde el inicio y no enfrente cargos adicionales por tipo de cambio o comisiones bancarias.

La respuesta de Sony

En lugar de adecuar los precios a pesos mexicanos, PlayStation añadió un aviso dentro de la plataforma. El mensaje señala que todas las compras se realizan en dólares estadounidenses y que se requiere una tarjeta internacional. Además, advierte que los bancos pueden aplicar cargos adicionales derivados de fluctuaciones cambiarias o impuestos sobre transacciones internacionales.

Con ello, los jugadores siguen sin saber cuánto terminarán pagando por un juego o suscripción hasta que reciben el cargo final en su tarjeta, lo que genera desconfianza y enojo entre los consumidores.

La autoridad fue tajante, el aviso no es suficiente. “Las operaciones comerciales que se realicen en México deben estar publicadas en moneda nacional, tal como lo indica el artículo 34 de la LFPC”, reiteró Profeco.

De persistir esta práctica, la tienda digital podría enfrentar sanciones millonarias. Con las reformas a la ley vigentes desde enero de 2024, las multas por publicidad engañosa o incumplimientos pueden alcanzar hasta 2 mil 344 millones de pesos o el equivalente al 10 por ciento de los ingresos brutos anuales de la empresa en México.

Impacto en la industria de los videojuegos

La situación no es menor. De acuerdo con datos de The CIU, el mercado de videojuegos en México supera los 42 mil millones de pesos anuales y cuenta con más de 66 millones de jugadores activos, lo que lo convierte en el más grande de América Latina.

En este contexto, la incertidumbre en precios puede frenar las compras digitales, justo en un sector donde el consumo online es clave para el crecimiento. La falta de claridad también abre una ventana de oportunidad para competidores como Xbox Game Pass, Steam o Epic Games, que sí exhiben precios en pesos mexicanos y ofrecen mayor certeza a los usuarios.

Para desarrolladores y publishers que dependen de la venta digital, la polémica no solo representa un tema legal, sino un riesgo de pérdida de confianza en un ecosistema que busca consolidarse en México como hub estratégico de consumo gamer.

El caso PlayStation podría convertirse en un precedente para otras plataformas internacionales de entretenimiento y comercio digital que operan en México. La exigencia de Profeco de respetar la legislación local refuerza la idea de que ninguna empresa, por grande que sea, está exenta de cumplir con las normas del país.

Mientras Sony guarda silencio, la tensión con la autoridad crece y los consumidores esperan una respuesta clara. El desenlace definirá no solo la relación entre PlayStation y los gamers mexicanos, sino también la forma en que las grandes tecnológicas se ajustan al marco regulatorio en uno de los mercados más importantes para la industria del entretenimiento digital.

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