En los últimos años, el crecimiento del trabajo a través de plataformas digitales como Uber, Didi, Rappi o Cabify ha transformado la forma en que miles de mexicanos generan ingresos. Ante eso, en las últimas semanas ha estado en la opinión pública la nueva reforma laboral que el Gobierno de México estableció para esta industria, y que ahora se dio a conocer si Rappi podría aumentar sus costos.
Según datos de la Asociación de Internet MX, en 2024 se estimó que más de 500 mil personas trabajan como repartidores o conductores para alguna de estas aplicaciones, impulsando un sector que se calcula genera más de 40 mil millones de pesos anuales en ingresos para la economía digital.
Asimismo, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), más de 500 mil personas trabajan como repartidores y conductores de aplicaciones en México. La pandemia de COVID-19 aceleró exponencialmente esta cifra: en 2020, los pedidos a domicilio crecieron más del 50 por ciento y el uso de apps de transporte individual se consolidó como una opción segura ante el temor a espacios públicos.
Hoy, México es el segundo país de América Latina con mayor número de trabajadores de plataformas digitales, sólo detrás de Brasil. Se estima que estas aplicaciones generaron ingresos superiores a los 2 mil millones de dólares anuales en el país, de acuerdo con Statista.
¿La reforma laboral hará más caro pedir Rappi?
La informalidad, la falta de seguridad social y la precariedad salarial han sido durante años la constante para miles de repartidores y conductores que trabajan a través de aplicaciones en México. Sin embargo, este panorama comienza a transformarse tras la aprobación, a inicios de este año, de una reforma laboral pionera que obliga a plataformas como Rappi, Uber y DiDi a reconocer como trabajadores subordinados a quienes prestan servicios de reparto y transporte.
Este cambio legal implica que los colaboradores de estas plataformas deberán recibir prestaciones como seguro social, vacaciones pagadas, prima vacacional, aguinaldo y aportaciones para su retiro, derechos laborales que históricamente les habían sido ajenos por operar bajo esquemas de prestación de servicios o como “socios independientes”.

En entrevista exclusiva para Merca2.0, Isabella Mariño, Directora de Asuntos Corporativos de Rappi México, detalló que esta reforma representa un avance hacia un modelo laboral más moderno y socialmente incluyente. “El Programa Piloto pone a prueba un nuevo esquema de seguridad social en donde todos los repartidores, desde el primer pedido, deben estar dados de alta en el IMSS. Esto quiere decir que desde el primer pedido nuestros repartidores son derechohabientes del IMSS y tienen acceso a prestaciones médicas, sociales y económicas”, explicó.
La directiva enfatizó que para Rappi la respuesta a la nueva legislación ha sido de colaboración y compromiso. “Hemos participado desde el inicio en las mesas de trabajo con las autoridades, con una postura propositiva y responsable. Entendemos que el cambio es necesario y queremos ser parte de la construcción de un modelo viable. Para nosotros, este piloto representa una oportunidad real de diseñar soluciones que funcionen para todos: repartidores, usuarios, comercios y gobierno”, aseveró.
Uno de los principales cuestionamientos que surgen con la implementación de esta reforma es si los costos adicionales de la formalización laboral se trasladarán a los usuarios o a los restaurantes. Sobre este punto, Mariño aclaró que, al menos durante la fase piloto, Rappi mantendrá estables tanto las tarifas de envío para los consumidores como las comisiones que pagan los aliados comerciales.
“Nuestro compromiso es mantener la operación estable mientras se analiza la viabilidad del nuevo modelo. Una vez concluido el piloto, se evaluarán posibles ajustes, siempre buscando un equilibrio entre sostenibilidad económica y valor para repartidores, comercios y usuarios”, precisó.
Si bien la reforma aún enfrenta retos de implementación, Mariño consideró que, de consolidarse, esta nueva relación laboral podría impactar positivamente la dinámica entre plataformas y repartidores. “Esta reforma puede fortalecer la relación al ofrecer mayor certeza y beneficios tangibles para los repartidores, sin perder la flexibilidad que valoran. Estamos construyendo un nuevo modelo de trabajo digital que reconozca derechos sociales sin eliminar la autonomía. Esto representa un paso importante hacia la profesionalización del ecosistema y hacia relaciones más justas y duraderas entre plataformas y colaboradores”, afirmó.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se estima que en México hay más de 500 mil repartidores y conductores de plataformas, quienes en su mayoría no cuentan con seguridad social ni prestaciones básicas. Con este piloto, México se convierte en uno de los primeros países de América Latina en ensayar un modelo híbrido que busca conciliar la flexibilidad que caracteriza a la economía de plataformas con los derechos laborales fundamentales.
El resultado de este programa podría sentar un precedente para el resto de la región y abrir la puerta a nuevas regulaciones que aseguren condiciones más justas para los trabajadores de la llamada “gig economy”. Mientras tanto, el reto para las plataformas será diseñar esquemas operativos y financieros que sostengan esta transición sin afectar su competitividad ni el costo final para los consumidores.
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