Durante esta tarde, el Senado de la República aprobó el dictamen que acepta el veto dictado por el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, a la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos el cual eliminara la obligatoriedad a presentar declaraciones patrimoniales y de intereses a los empresarios, becarios y beneficiarios de programas sociales que reciban o administren recursos públicos.

Con esta modificación se exime la obligación de que la totalidad de los trabajadores -sin importar su función- de una empresa que trabaje con bienes públicos realicen los dos tipos de declaraciones antes mencionadas, por considerar que es una violación a su privacidad.

La decisión generó reacciones en redes sociales en donde los usuarios aseguran, en su mayoría, que el gobierno y las instituciones tomaron la decisión no para beneficiar a los ciudadanos, sino para mantener los intereses del sector privado vinculado con algunos jugadores de la clase política:

@El_Universal_Mx Y MÁS MOLESTA A LA SOCIEDAD Q NO CUMPLA @EPN CON LO SOLICITADO EN #Ley3de3 Y Q SIGA PROTEGIENDO A POLÍTICOS CORRUPTOS

— Carlos Vázquez (@amigokid789) 26 de junio de 2016

Yo pienso también que la #Ley3de3 debe ser parejo para gobierno como para la iniciativa privada.

— Ricardo Fayad (@ricardofayad) 26 de junio de 2016

Porque no quieren los funcionarios que se les haga rendición de cuentas, siendo que es el dinero del pueblo. #Ley3de3

— Rutilio Cruz García (@campomx_) 5 de julio de 2016

Lo sucedido en el Senado el día de hoy no es una cuestión menor, si se considera que hablamos de una ley que busca erradicar el problema de la corrupción que al país le cuesta hasta el 10 por ciento del PIB de acuerdo con el Consejo Coordinador Empresarial.

De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional y el Índice Global de Competitividad elaborado por el Foro Económico Mundial, existe una correlación negativa entre la competitividad de un país y la percepción de corrupción en el mismo, ya que esta última modifica los flujos de información claves para la toma de decisiones sobre inversiones, lo que afecta el desarrollo económico de una nación y, por lo tanto el dinamismo del mercado.

En este sentido, de cara a lo acontecido con referencia a la ley 3de3, la posición que tome la iniciativa privada tendrá mucho que ver con los beneficios que el país encuentre como resultado de la aprobación de dicho veto.

Aunque es cierto que, de acuerdo con un reporte de Parametría, la mayoría de los mexicanos (62 por ciento) consideran que existe más corrupción en el gobierno que en las empresas privadas, el 7 por ciento de los mismos asegura que el índice de corrupción es mayor en las segundas, mientras que el 27 por ciento afirma que no hay distinción entre ambos jugadores. La percepción de corrupción en la iniciativa privada no está descartada.

Implementar esfuerzos y acciones que reduzcan estos porcentajes, cuando menos en lo que a las empresas privadas se refiere, es fundamental para mantener buenas relaciones entre empresas y consumidores, en un entorno en el que la ética y las buenas conductas son drives en las decisiones de compra.

La protección de la privacidad de sus empleados (argumento con el que la clase empresarial en el país abogo por dicho veto) sin duda favorece la imagen del sector privado en el país; sin embargo, y aún cuando no estén obligados a declarar bajo las normas de esta nueva ley, los jugadores de dicha fragmento de la sociedad deben sumarse al combate de las malas prácticas por una cuestión de principios y valores, como parte de un ejercicio de coherencia que influye tanto en el valor de sus marcas como en la valoración y preferencia del consumidor.