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Uber y Didi Moto son un servicio ilegal en CDMX: esto pasa si pides un viaje

Uber y Didi Moto son un servicio ilegal en la CDMX. Así lo confirmó Héctor Ulises García, titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi)

UBER DIDI MOTO CDMX 2025 CANVA

Uber y Didi Moto son un servicio ilegal en la CDMX. El uso de motocicletas como transporte de pasajeros a través de plataformas digitales ha ganado popularidad en distintas ciudades del país, pero en la Ciudad de México esta modalidad opera fuera de la ley. Así lo confirmó Héctor Ulises García, titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi), tras un trágico accidente que terminó con la vida de una pasajera.

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El debate en torno a la legalidad y seguridad de servicios como Uber Moto y Didi Moto cobró fuerza tras un trágico accidente ocurrido el 23 de julio de 2025. María del Carmen “N”, de 37 años, perdió la vida luego de abordar una unidad de Didi Moto en la CDMX. La motocicleta en la que viajaba circulaba por Paseo de la Reforma, casi esquina con calle Mina, cuando el conductor perdió el control al golpear una camioneta. La mujer impactó contra un árbol y falleció casi al instante. El motociclista, identificado como Roberto “N”, de 27 años, fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público.

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¿Qué dice el Gobierno de CDMX sobre Uber Moto y Didi Moto?

El 24 de julio, apenas un día después del accidente, la Secretaría de Movilidad (Semovi) emitió un comunicado contundente. “Las aplicaciones que ofrecen el servicio de transporte en motocicleta no cuentan con permiso alguno y se encuentran operando en la ilegalidad”, señaló el organismo. Ante esta situación, se informó que la Semovi inició las acciones jurídico-administrativas necesarias para erradicar esta modalidad de transporte.

A pesar del posicionamiento oficial, las plataformas continúan ofreciendo el servicio en la capital del país. Al realizar una búsqueda en las aplicaciones, es posible ver que las opciones de viaje en moto siguen activas para diversos puntos de la Ciudad de México.

En entrevista concedida a Radio Fórmula el lunes 28 de julio, Héctor Ulises García Nieto —titular de Semovi desde agosto de 2024, durante la administración de Clara Brugada— fue enfático: “Uber Moto está fuera de la ley”. Aclaró que si bien las plataformas argumentan que el servicio funciona bajo contratos privados, en realidad “son un transporte público y como tal no pueden prestar ese tipo de servicio”.

García Nieto detalló que el gobierno capitalino ya ha sostenido conversaciones con los representantes de las plataformas digitales. Sin embargo, enfatizó que la postura de la administración es clara: la prestación del servicio en motocicleta es ilegal. “Primero queremos regular el servicio de reparto, porque hoy el 80% del servicio en motocicleta está destinado a entregas”, comentó.

Asimismo, advirtió sobre los riesgos: “Es altamente riesgosa, porque muchas veces no tienen cascos certificados”, además de que “hay una alta incidencia de colisiones con motocicletas”. También señaló que casi la mitad de los hechos de tránsito en la ciudad involucran a este tipo de vehículos.

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¿Por qué representa un problema de salud pública?

Las estadísticas ofrecidas por Semovi muestran una realidad alarmante. En el primer trimestre de 2025 se registraron más de 7,500 colisiones en las que estuvo involucrada una motocicleta. Como consecuencia, 4,050 personas resultaron lesionadas y 54 fallecieron. Estas cifras confirman lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya ha clasificado como un problema de salud pública.

El incremento de víctimas mortales también se refleja en los datos oficiales acumulados desde 2019. En el primer trimestre de ese año se contabilizaron 23 motociclistas fallecidos en la capital, mientras que para el segundo semestre de 2024 la cifra alcanzó los 63 decesos. Esto representa un aumento del 173% en apenas cinco años.

Además, se estima que cada semana mueren cinco motociclistas en la Ciudad de México y cada media hora ocurre un hecho de tránsito que involucra a una motocicleta. Estas cifras han motivado a las autoridades a tomar medidas más estrictas.

¿Qué acciones está tomando el Gobierno de la CDMX?

En su comunicado oficial, Semovi reiteró que trabaja en el desarrollo del Plan Integral de Seguridad Vial (PISVI). Este proyecto tiene como objetivo fortalecer las políticas públicas que regulen el uso de motocicletas y vehículos eléctricos motorizados personales. Asimismo, busca armonizar la Ley de Movilidad para actualizarla frente a los desafíos actuales.

¿Qué pasa si pides un viaje en Uber o Didi Moto?

A pesar de la postura oficial, las aplicaciones continúan ofreciendo el servicio en la Ciudad de México. Cualquier persona puede abrir Uber o Didi, seleccionar un viaje y tener como opción una motocicleta, especialmente en horarios con alta demanda.

Si bien el usuario no enfrenta ninguna sanción por usar el servicio, el conductor sí podría ser detenido y su vehículo asegurado si es sorprendido prestando este servicio ilegal. De hecho, en el caso de María del Carmen, el conductor fue remitido al Ministerio Público.

Además, en operativos como el denominado “Salvando Vidas”, la SSC y Semovi revisan motocicletas para verificar que:

  • El conductor tenga licencia tipo A1 o A2.

  • El pasajero use casco certificado.

  • No viajen menores de 12 años.

  • No haya más de dos personas por vehículo.

Si alguna de estas condiciones no se cumple, el conductor podría recibir una multa o enfrentar consecuencias mayores.

¿Qué implica el crecimiento de la electromovilidad en CDMX?

El auge de servicios de micromovilidad como scooters, bicicletas eléctricas y motonetas también es motivo de preocupación para las autoridades. Muchos de estos vehículos rebasan los 25 km por hora, lo cual los hace salir del espectro de lo que tradicionalmente se considera micromovilidad.

Ante ello, el Gobierno de la Ciudad de México plantea que estos medios de transporte sean clasificados adecuadamente dentro del marco regulatorio y se impulse una regulación creativa que no solo castigue, sino que promueva la seguridad y reduzca el número de incidentes viales. El objetivo, explican, es detener el crecimiento exponencial del uso de motocicletas sin criminalizar a sus usuarios.

 

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