Este jueves 28 de agosto, el gobierno federal oficializó una medida clave para la industria zapatera. El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el decreto que prohíbe la importación temporal de calzado terminado bajo el programa IMMEX, una práctica que en los últimos años creció de manera desproporcionada y que afectó directamente la competitividad del sector.
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El decreto presidencial, firmado por Claudia Sheinbaum, modifica el Decreto IMMEX para impedir que las fracciones arancelarias 64.01 a 64.05 —donde se clasifica el calzado terminado— puedan ingresar de manera temporal a México sin pagar impuestos.
Durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, Marcelo Ebrard, secretario de Economía, confirmó que la instrucción vino directamente de la mandataria: “Ya el día de hoy se publica el Diario Oficial el decreto por el que suspenden la importación temporal de calzado terminado que se estaba trayendo a México y que la Presidenta ordenó que no fuese así, porque perjudica a la industria nacional. Ya se ha publicado, con lo cual entra en vigor y ya no se puede importar a México, porque están dañando esa industria”, declaró.
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¿Qué implica esta decisión para la industria del calzado mexicano?
De acuerdo con los datos del INEGI, entre 2019 y 2024 el PIB de la industria del calzado tuvo una caída acumulada de 3.1%, con un retroceso del 0.1% en la producción y una pérdida de 2.8% en el empleo. Tan solo en 2024, el sector enfrentó una contracción del 12.8% en su PIB, una caída del 12.5% en el valor de la producción y la pérdida de 10,958 empleos formales.
A lo anterior se suma un crecimiento sin precedentes en las importaciones bajo IMMEX. Entre 2023 y 2024, la entrada de calzado terminado en este esquema aumentó 159% en volumen y 60.3% en valor. En comparación con 2021, la diferencia es aún más drástica: se multiplicó por 24 en volumen y por 12 en valor.
Este desbalance evidenció que muchas de estas importaciones no cumplían con la regla de retorno al extranjero —requisito del IMMEX— y que en realidad eran comercializadas en México, desplazando al producto nacional y erosionando empleos.
Con la suspensión, cualquier importación de calzado terminado deberá pagar los aranceles correspondientes, que en promedio son de 25%. Esto significa que los productos que entren al país estarán sujetos a las mismas obligaciones que los fabricantes mexicanos ya cumplen.
El objetivo, según el decreto, es “evitar prácticas que afecten el empleo y la competitividad de la industria nacional” y frenar el contrabando técnico, una práctica común que consiste en subvaluar mercancías para reducir el pago de impuestos.
La medida se enmarca dentro del Plan México, cuyo eje central es fortalecer el sello Hecho en México y blindar sectores estratégicos. El calzado fue uno de los primeros en recibir protección, debido a su importancia histórica y económica en estados como Guanajuato, Jalisco y el Estado de México.
La presidenta instruyó un seguimiento semanal a las cifras del sector, subrayando que este decreto es el primer paso de una estrategia que también busca frenar el contrabando y reforzar la producción nacional.
¿Qué significa para los consumidores en México?
Aunque algunos analistas advierten que podría haber ajustes en los precios de ciertos segmentos de calzado importado, la medida no prohíbe la importación definitiva de zapatos. En otras palabras, los consumidores podrán seguir comprando marcas extranjeras o plataformas como Shein, siempre y cuando se paguen los impuestos correspondientes.
La diferencia radica en que ahora se elimina la “ventana fiscal” que permitía a importadores vender más barato, sacrificando a la industria nacional.
