Con una participación del 31% en las urnas (cifras del régimen madurista), la dictadura reclama la victoria sobre 253 curules, de los 277 diputados que contempla el Legislativo; en  un proceso plagado de irregularidades, tal como ocurrió en el caso de la elección presidencial de 2018, que derivó en la desaprobación internacional del resultado de la contienda electoral para ocupar la máxima magistratura del país sudamericano.

A cinco años de la pasada elección del Poder Legislativo (6 de diciembre de 2015) , jornada que tuvo una participación de 40 puntos más a la del pasado 6 de diciembre de 2020; el único poder democráticamente electo y reconocido a nivel internacional, se enfrenta a la espada desenvainada de un régimen que busca incansablemente, la oportunidad de dejarlo acéfalo, para tomar el último bastión de la democracia en el país.

Hoy, 22 años después de la llegada de Hugo Chávez al poder, Venezuela se enfrenta a un escenario de ingobernabilidad, una crisis humanitaria sin precedentes, una migración masiva que supera en número a los refugiados sirios (un país en guerra desde hace 9 años), la tercera hiperinflación más prolongada de la historia y una pandemia que ha impactado la ya mermada capacidad hospitalaria de un país que carecía de medicinas y atención médica básica, previo a la llegada del Sars- Cov- 2.

ENTENDIENDO LA FARSA DE LAS ELECCIONES PARLAMENTARIAS 2020.

La realidad política venezolana actual es de una complejidad tal, que necesariamente hay que remontarnos a diciembre de 2015, ese punto de inflexión en la historia, donde por primera vez el chavismo pierde unas elecciones, y en el que dos tercios de la Asamblea Nacional pasaban a manos de la oposición.

La derrota del oficialismo en las urnas, desencadenó una cantidad de acciones al margen de la ley, que derivaron en el escenario de fraude electoral de 2018 y en el también fraude electoral de las elecciones parlamentarias de hace algunos días.

Luego del triunfo opositor en diciembre de 2015, la Asamblea Nacional en funciones, de mayoría chavista, ante la derrota electoral e inminente transición, apeló a la renovación de los cargos del máximo poder: el Tribunal Supremo de Justicia. La Asamblea Nacional decidió arbitrariamente nombrar a 13 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, antes de que culminara el período de los magistrados en funciones y previo a la entrada de la nueva Asamblea Nacional electa. Para que el nombramiento de los magistrados por el Legislativo se pueda dar legalmente, es necesario que existan vacantes en el Supremo, de lo contrario no se pueden dar nuevos nombramientos. Para reemplazar a los magistrados en funciones, había que esperar a que se cumpliera su período ordinario, es decir, hasta enero de 2016.

Sin embargo, contrario a lo que estipula la ley, hubo una renuncia masiva de magistrados, (auspiciada por el gobierno de Nicolás Maduro), para la posterior elección arbitraria de los nuevos magistrados, fuera del período legislativo. Esta decisión, derivó en un Tribunal Supremo de Justicia espurio, que comenzó a operar al margen de la ley.

En 2016 la oposición logró recabar casi 2,000,000 de firmas, aproximadamente el 10% del padrón electoral, superando en demasía, al 1% requerido por la ley electoral, para activar el proceso revocatorio del mandato presidencial; proceso que habría sido propuesto por Chávez durante la campaña electoral de 1998; y luego de una enmienda constitucional, habría sido incorporado a la Carta Magna en 1999.

El entonces CNE (2016), decidió de manera arbitraria anular 600,000 firmas; aún así, el número de  firmas recabadas, menos las anuladas, correspondía a más del 1% del padrón electoral; con lo cual, el CNE debió haber activado el proceso revocatorio, sin embargo, no lo hizo.

En 2017 el Tribunal Supremo de Justicia espurio, le da un golpe al Poder Legislativo democráticamente electo en 2015, y decide anular sus funciones; lo que desató en mayo, las manifestaciones masivas a lo largo y ancho del país, que reclamaban la restitución de la Asamblea Nacional electa por mayoría popular y la activación del proceso revocatorio. Las protestas desencadenaron el ataque del Gobierno, quien utilizó a la Guardia Nacional y a grupos paramilitares para arremeter contra una población inerme, acabando con la vida de más de 300 venezolanos. En muchos de los casos de defunción, el parte médico refería tiro de gracia.

Ante las turbas enardecidas y transgrediendo la Constitución, Maduro decidió adelantar las elecciones presidenciales de diciembre a mayo de 2018.

Smarmatic, la empresa contratista del Consejo Nacional Electoral, que durante 18 años habría suministrado las máquinas para los procesos comiciales,  declaró en 2016, que no podía garantizar elecciones porque habían detectado irregularidades en el proceso.

Finalmente, ante un TSJ ilegítimo, un CNE que obraba de manera arbitraria y que había cancelado el proceso revocatorio (a pesar de que la oposición habría presentado los requerimientos necesarios para su activación), ante las declaraciones de Smarmatic de 2016 y la ausencia de veedores internacionales, la oposición decide no presentarse a las elecciones presidenciales de 2018.

Las irregularidades mencionadas anteriormente, llevaron a la comunidad internacional a desconocer el resultado electoral, con lo cual, el 10 de enero de 2019, se generó un vacío de poder.

El artículo 233 de la Constitución venezolana contempla, que ante un vacío de poder, el presidente de la Asamblea Nacional tiene que asumir el cargo de presidente interino del país y convocar a elecciones presidenciales en los próximos 30 días.

Cuando ocurre el vacío de poder, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional electa democráticamente en 2015, decide acatar el mandato constitucional contemplado en el artículo 233 de la Carta Magna.

La falta de garantías expuesta en el proceso electoral de 2018, es la misma falta de garantías que presentó el proceso del pasado 6 de diciembre de 2020, razón por la cual, nuevamente la oposición decide no participar, y hay un desconocimiento por parte de la comunidad internacional.

UN MODELO FRACASADO : EL PELIGRO DE LATINOAMÉRICA.

Mientras el pasado 12 de diciembre culminaba la consulta popular impulsada por la oposición, que cuestionaba a los ciudadanos en torno al cese de la usurpación del régimen de Nicolás Maduro y a la aceptación o no de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre; 20 venezolanos morían en el naufragio de una lancha que intentaba sin éxito la libertad, mientras se dirigía a las costas  de Trinidad y Tobago.

Preocupa que líderes políticos en Latinoamérica alaben un modelo que ha causado la debacle del país con las mayores reservas de petróleo del mundo, mucho antes de 2017, año en que las sanciones de Estados Unidos, entraran en vigor.

Hugo Chavez Frias llegó con la promesa de acabar con la corrupción. En 2012, luego de 14 años de mandato, el Índice de Percepción de la Corrupción, colocaba a Venezuela en el lugar 165 de 174 países evaluados, solo por encima de Corea del Norte, Sudán y Somalia. Hoy en el informe sobre el IPC, Venezuela ocupa el lugar  176, ubicándose por encima de países como Yemen y Siria.

La corrupción de los años que precedieron al chavismo, (que en nada tiene que ver con la magnitud de la actual); la desigualdad social, la debilidad de las instituciones y el resentimiento, generó el caldo de cultivo para una transformación lamentable que lideró un Mesías, quien prometía la solución a todos los problemas de la entonces llamada Republica de Venezuela.

El resentimiento es una emoción añeja que causa la pérdida de la razón, donde el individuo renuncia a su propio bienestar, si esto implica acabar con el bienestar de aquel que cree, le ha hecho tanto daño. Chávez sembró las bases de su proyecto sobre el resentimiento y sobre una desigualdad social, que no se acerca a la brecha sustancial que hoy presentan muchos países de Latinoamérica.

Su discurso sembró el odio en aquel medianamente resentido con el otro,  capitalizándolo a niveles de fanatismo.  El venezolano votó para castigar la corrupción del bipartidismo anterior, (que en nada se acerca a los altísimos niveles de la corrupción actual); sin saber que, durante el sepelio de la antigua e imperfecta democracia, estaba cavando su propia tumba.

Cuando se vota con la emoción se pierde la razón, deja de operar el pensamiento lógico, no importan los indicadores económicos, no importa la realidad, lo único que se percibe es el amor y culto al líder, que “incólume”, dicta el futuro del ciudadano, quien ciego confía en que lo llevará a buen puerto, hasta que la razón regresa, y se da cuenta, de que ya es demasiado tarde.

Luego de 22 años de un “Socialismo del Siglo XXI”, Venezuela se encuentra a la deriva; cada vez son más los ojos que lloran al voltear y darse cuenta, que la tierra que alguna vez los vio crecer, se pierde inevitablemente en el horizonte. Cada vez son más los corazones que dejan de latir mientras buscan, incansablemente la libertad. Cada vez son más los huérfanos de una tierra de nadie.