Buenos Aires, Argentina.- La batalla de Uber para desembarcar en la Argentina tiene su mayor conflictividad lejos de las calles (como en Colombia), sino en los estrados judiciales.
Uber ha ganado la mayoría de las “batallas” para llegar a ser parte de la oferta de transporte de personas. Salvo excepciones, donde quiso desembarcar, tarde o temprano, consiguió hacerlo.
Sin embargo, en Argentina le está costando (inesperadamente) más que en otros sitios. La fuerza de los sindicatos de taxistas y la oposición de los gobiernos locales han generado un escenario nada fácil de sortear para la aplicación de fama mundial.
La última novedad llega desde la Justicia: La jueza María Fernanda Botana, de la Ciudad de Buenos Aires, decidió que el acceso tecnológico a Uber, a través de distintas plataformas, debía ser bloqueado en todo el país, publica La Nación.
La razón argumentada por el fiscal Martín Lapadú, quien hizo el requerimiento a la jueza, es que “se pudo comprobar que hay riesgos para preservar pruebas sumamente trascendentes”. Y agregó: “Se pudo conocer que Uber tiene la capacidad de alterar o borrar remotamente mediante su aplicación los registros de los socios de la empresa”.
El fiscal investiga a la empresa por una serie de supuestos delitos; entre ellos, evasión de impuestos y lavado de dinero. (ver “La pregunta sobre Uber que nadie contesta”).
La respuesta de Uber
En un comunicado, Uber respondió lo mismo que en octubre de 2016, cuando sucedió algo similar: “No es posible efectuar el bloqueo ya que la justicia local de la ciudad de Buenos Aires no puede ordenar medidas fuera de sus límites geográficos”, dijo Uber en el texto del descargo, mientras prepara la apelación.
Si el fallo se confirma, “se libraría una orden al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) para que los cientos de proveedores de Internet de todo el país implementen el bloqueo”, dice el medio argentino.
En paralelo, el fiscal pidió la detención de dos de los máximos directivos de Uber en Argentina. Se trata de Diego Mariano Oliveira, gerente general de Uber Argentina, y de Mariano Otero, CEO de la empresa. “Hace nueve meses que hacen caso omiso de las denuncias judiciales y continúan con las contravenciones y con su actividad ilícita”, explicó el propio fiscal.
Por ahora esto no ocurrirá, porque en el fallo de Botana manifestó que es “improcedente” la captura.
Estas novedades se suman a lo ocurrido en 2016, cuando a los primeros planteos y marchas de los taxistas, y a las dificultades para impedir el pago con tarjetas de crédito locales, la Justicia local llanó domicilios de choferes que están trabajando para Uber.
