La justicia suprema de España confirmó dos sanciones por 10 y 6.9 millones de euros al banco Santander, por dos infracciones, una de ellas grave y otra no tan grave, debido a la comercialización entre sus clientes de un producto “complejo y novedoso” denominado Valores Santander.

De acuerdo con el organismo, la institución financiera, calificó sus valores como un producto amarillo, es decir, con un riesgo de complejidad media, lo que suponía, conforme al Manual procedimientos de Grupo Santander, para la comercialización minorista de productos, que deberían de ser ofertados de forma generalizada entre los clientes que, al margen de sus objetivos y experiencia de inversión, tuvieran un patrimonio superior a los 200 mil euros.

Sin embargo, esto no sucedió así, según diversos reportes de prensa el banco procedió con criterios meramente patrimoniales, de manera que, sin tomar en cuenta la experiencia en inversión ni los objetivos de inversión de los clientes, procedió a clasificarlos en tres categorías; los que contaban con 500 mil euros o más, aquellos que tenían entre 200 mil y 500 mil euros, así como las personas con patrimonios inferiores a los 200 mil euros.

Por lo que para La Sala no quedó claro que el grupo financiero cumplió con la obligación de recabar información así como perfilar a los clientes, ni tampoco que diera instrucciones o directrices que tuvieran como finalidad impartir criterios objetivos para que la adecuación del producto final se hiciera de forma relativamente homogénea.

A su vez, se argumentó que en el momento de imponer la sanción, la entidad había infringido, entre otras obligaciones, el deber de información al cliente en el proceso de adquisición de estos valores ofertados como una renta fija sin riesgos. De acuerdo con EFE, con la emisión, valorada en siete mil millones de euros, Santander buscaba financiar la compra del Banco Real, hace tiempo subsidiaria del grupo holandés ABN Amro en Brasil.

Según las estimaciones, alrededor de 130 mil clientes fueron testigos de cómo el valor de sus inversiones se reducía hasta en un 55 por ciento durante la conversión de bonos durante 2012, al pagar cada acción a 16.04 euros cuando cotizaban en seis.