• De acuerdo con la FGR, EPN es culpable de traición a la patria por haber puesto los recursos naturales de la nación a disposición de Odebrecht

• Cabe destacar que el documento pertenece a una orden de aprehensión solo contra Luis Videgaray

• No parece que exista todavía un documento que pida la detención del ex-presidente o alguno de los demás funcionarios involucrados

De acuerdo con Reforma, la Fiscalía General de la República (FGR) acusó al ex-presidente Enrique Peña Nieto (EPN) de varios crímenes, por su rol en el caso Odebrecht. En específico, se encontraron pruebas en la comisión de los delitos de cohecho, traición a la patria y delito electoral. Según el reporte, el antiguo titular del Ejecutivo federal tenía “su propio aparato de poder criminal”, con el que presionó a otros legisladores para aprobar reformas estructurales.

Sin Embargo reporta que la declaración es parte de una orden de aprehensión contra el ex-titular de la Secretaría de Hacienda, Luis Videgaray. Esto porque, junto al ex-director de Pemex Emilio Lozoya, fue instrumental para cometer los ilícitos que la FGR le imputa a EPN. Según la Fiscalía, Peña Nieto habría usado el cargo de presidente para delinquir. En el camino, no solo habría obtenido beneficio personal, sino también para la compañía brasileña Odebrecht.

Entre las funciones que habría realizado Luis Videgaray a nombre de EPN estarían, en datos de Publimetro, la repartición de más de 121 millones de pesos (mdp) a legisladores. Entre ellos, los panistas Ernesto Cordero, Jorge Luis Lavalle y el ex-candidato presidencial Ricardo Anaya. Los pagos habrían estado destinados específicamente para convencerlos de pasar la Reforma Energética. Por este hecho, la FGR también los está acusando de los delitos de cohecho.

EPN, Luis Videgaray y la FGR en redes sociales

Dichas declaratorias son inéditas en la historia reciente de México. Claro, se volvieron virales en redes sociales. Para las 09:23 AM de la capital (CDMX), el tema ya ocupaba cinco de las principales tendencias en Twitter, incluidos EPN, Luis Videgaray y Odebrecht. Pro el momento, la gran mayoría de los usuarios se están centrando en compartir la portada de Reforma con la información original. Sin embargo, ya empiezan a darse algunos comentarios sobre el proceso.

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Cabe destacar que no es la única punzante noticia que se ha dado contra EPN y su gobierno. De acuerdo con Milenio, el ex-titular de Chihuahua, César Duarte, tenía una “nómina secreta” desde donde pagó mil mdp del erario público para sobornos y campañas electorales. Esta red de pagos sería también parte del aparato criminal que usaba Peña Nieto para controlar el país. Entre los beneficiados por este fondo ilegal, estaban desde políticos hasta líderes de opinión.

Y solo un par de días atrás, en datos de La Jornada, se inhabilitó a la titular de la Secretaría de Cultural en el sexenio de EPN, María Cristina García Ceda. Como otros en la administración pasada, la funcionaria fue acusada por causar daños al erario público. En específico, se le acusó de otorgar recursos al proyecto Museo de Museos, que jamás se concretó. Por este delito, ella y otros dos de sus administrativos deberán pagar una multa por casi 20 mdp.

¿Se concreta la cruzada contra la corrupción de AMLO?

Estas acusaciones contra EPN parecen resonar con una de las principales promesas de su sucesor, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Desde hace años que toda su estrategia de marketing político ha estado centrada en el combate a la corrupción. No solo a eso, sino también a la impunidad de la que históricamente han disfrutado ciertos personajes de la administración federal. Y en este sentido, los ex-mandatarios han sido una figura regular.

Por otro lado, la mayor parte de las acciones de AMLO en torno al enjuiciamiento de los ex-presidentes, entre ellos EPN, ha girado en torno a una consulta popular. De hecho, hace solo unas semanas que la Suprema Corte ratificó el proceso como constitucional. Algo que causó enorme controversia entre algunos sectores de la población. No por la defensa de Peña Nieto y sus predecesores, sino por poner la administración de la justicia a un debate público.