Los tres jueces del Tribunal Regional Federal ratificaron este miércoles los delitos cometidos por el expresidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva y aumentaron de nueve años y medio a 12 años y un mes la pena por corrupción y lavado de dinero.

La decisión judicial, aprobada por unanimidad, constituye el peor escenario para el futuro político de Lula da Silva, quien podría ver ahora frustradas sus aspiraciones presidenciales en octubre.

“Lo que pasa conmigo es muy poco con lo que está pasando con millones de desempleados en este país”, señaló este miércoles el exmandatario, quien gobernó entre 2003 y 2010 y se mantiene como el político con mayor intención de voto en Brasil, con cerca del 36 por ciento.

En el juicio en la ciudad de Porto Alegre, sur de Brasil, el juez instructor Joao Pedro Gebran Neto rechazó los alegatos de la defensa de Lula da Silva, la cual pidió la absolución y nulidad del proceso, y dijo que fue “cristalina” la participación del exmandatario en la trama corrupta alrededor de Petrobras.

“Hay pruebas más que razonables de que el expresidente fue uno de los articuladores, si no el principal, de un amplio esquema de corrupción”, afirmó Gebran Neto.

El segundo magistrado en manifestarse, el juez revisor Leandro Paulsen, apoyó la posición del instructor y también pidió aumentar la pena a 12 años y un mes de prisión.

El tercer juez, Victor Laus, elogió la labor del magistrado Sergio Moro –que dirige la mayoría de las causas de la Operación Lava Jato y que fue quien condenó a Lula da Silva en primera instancia-, y también se manifestó a favor de aumentar la pena.

El proceso legal de Lula

La condena por unanimidad de los tres magistrados del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región (TRF4) era el peor escenario para Lula, que ahora ve reducidas sus posibilidades de recurrir en segunda instancia, donde las decisiones en firme suponen el ingreso en prisión y la inhabilitación en Brasil.

Es probable que los abogados del exgobernante entren en los próximos días con “embargos de declaración” en la propia sede del TRF4, un tipo de recurso que no permite reevaluar el “mérito” del proceso, es decir, si Lula cometió o no los delitos que le imputaron, sino el procedimiento judicial.

Lula fue condenado en julio pasado a nueve años y medio de cárcel en primera instancia por beneficiarse con la millonaria remodelación de un departamento de tres plantas en la localidad costera de Guarujá, en el litoral de Sao Paulo, a cambio de favores políticos a la constructora OAS.

El exmandatario brasileño tiene más de media docena de causas aún abiertas, sin juzgar.

Lula niega la propiedad del departamento, y de hecho la Fiscalía carece de documentos que prueben que era el titular de las escrituras, pero declaraciones de ejecutivos de OAS, así como los planos de la remodelación del inmueble, aprobados por la fallecida esposa de Lula, indican que la familia del exmandatario era la beneficiaria.

Sectores políticos de centroderecha, con programas contrapuestos a los de Lula, además del propio presidente de Brasil, Michel Temer, señalaron en las últimas semanas que sería mejor “vencer” al exsindicalista en las urnas y, por lo tanto, no impedirle participar en los comicios, pero esta decisión compete ahora a la Justicia.

El exmandatario, de 72 años, niega cualquier irregularidad y asegura que su juicio es una persecución judicial con el fin de dejarle fuera de la contienda electoral, mientras su Partido de los Trabajadores (PT) rechaza un “plan B” e insiste que el exsindicalista es su único candidato.

Con todo, han circulado versiones de que el exalcalde de Sao Paulo, Fernando Haddad, podría ser el candidato de reserva del PT, aunque él mismo negó este mes que vaya a participar en los comicios.