Pareja lanza campaña para ayudar a una persona sin hogar y terminan demandados, ¿lagunas legales en las fondeadoras?

Como parte de sus servicios, las fondeadoras permiten emprender campañas de ayudas a desconocidos, pero sus métodos de retiro de dinero, puede dejar fuera a los beneficiarios directos de las donaciones

Durante los últimos meses, un eventó llamó la atención de las personas en Estados Unidos y poco a poco en otras regiones del planeta, se trata de una campaña de beneficiencia emprendida por una paraje conformada por Mark D’Amico y Katie McClure, para ayudar a una persona sin hogar que en una noche en la que se la mujer se quedó sin gasolina, éste le compró la gasolina, además de que caminó varios bloques por ella.

Tras esta manifestación de solidaridad, la pareja regresaría después para pagar el dinero así como para proveer alimentos a Johnny Bobbitt; esto trascendió de tal forma que se elaboraron múltiples reportes de prensa sobre el caso, incluso la BBC realizaría una entrevista con los personajes involucrados.

Al mismo tiempo, D’Amico y Katie McClure emprendieron una campaña social en la plataforma de fondeo GoFundMe con el objetivo de ayudar a Bobbitt a salir de las calles; hasta este punto todo parecería un asunto de bondad entre personas e incluso un caso de éxito que podría ser retomado en un anuncio de alguna marca, involucrarlos en publicidad y ser ejemplo de lo que es ayudar al prójimo.

Sin embargo, es a partir de este punto la historia gira 180 grados y lo que parecía una amistad para la eternidad se tornó en demandas y acusaciones. Johnny Bobbitt presentó un recurso legal en contra de la pareja y les acusa de malversación de fondos; la página de reacudación logró obtener 400 mil dólares de 14 mil personas que aportaron dinero.

Bobbitt indica que le preocupa que la pareja no entregue la suma total obtenida, al tiempo que D’Amico y McClure aseguran que prefieren no entregar sumas grandes de dinero a la persona sin hogas pues ha gastado cerca de 25 mil dólares en drogas.

Este dilema ha llegado a los tribulanes, un asunto ético que se torna en legal y que involucra, en tercera persona, a la fondeadora. Como parte de la demanda se ha pedido una indemnización de monto no especificado y los abogados de Bobbitt piden que el juez designe a un supervisor de la cuenta.

Es aquí donde se involucra a la fondeadora, y es que dentro de su oferta de servicios anuncia que emprender una campaña para obtener recursos puede ser para sí mismo, para un familiar o incluso para terceros desconocidos en un “acto de bondad”.

De igual forma, en caso de que alguien decida abrir una recaudación para un extraño (como fue el caso) se puede hacer que el beneficiario retire directamente la suma solicitada, aunque para ello se piden como condiciones que tenga una cuenta bancaria, un hogar, número telefónico e incluso un Tax ID (RFC).

No obstante, cuando se trata de una persona sin hogar no hay forma de que cumpla con los requerimientos solicitados por la plataforma para acceder a los donativos.

De este modo, el modelo de negocios podría presentar una falla en su proceso de seguimiento a estos casos; ya que si bien se sabe la evolución de la llegada al monto objetivo, lo que pasa después parece quedar relegado.

Conforme avance la demanda sabremos si es que para las autoridades esta aparente falta de seguimiento por parte de la fondeadora sobre el correcto uso de los recursos es motivo de una regulación al respecto, en especial si es que tras este caso se destapan otros con prácticas similares que conducen al fraude.

No es una situación ajena a nuestro país; posterior a los sismos de septiembre del año pasado que afectaron la parte sur y centro del país, se realizaron múltiples campañas de ayuda para los damnificados, al igual que en el caso presentado, la falta de seguimiento sobre el destino de esos recursos generó incertidumbre o que simplemente ese dinero nunca llegara a quienes lo necesitaban.

Al igual las dudas que podrían levantarse sobre el fomento a este tipo de casos derivaría en sanciones penales a las firmas fondeadoras por parte de las autoridades. Se trata de afinar la parte final de este proceso que tiene en su origen una buena intención pero que en la práctica así como en lo estipulado por las propias empresas, podría utilizarse para actos ilegales.

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