Millonario reclamo a Uber por no pagar impuestos ni jubilación a conductores

En Argentina, el Estado le reclama más de $ 350 millones por evadir el pago de impuestos. La empresa lo niega.

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Imagen: Bigstock

En medio de una huelga que afecta a todos los servicios de transporte este fin de mes en la Argentina, una noticia llega uno de los sistemas que está intentado reemplazar (aunque en forma ilegal todavía) el uso de los taxis: la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) le reclama a Uber el pago de millonarios impuestos adeudados.

Es por no haber abonado IVA y Ganancias en 2016 y 2017. También, por no haber depositado cargas sociales de los choferes. La empresa, por el contrario, asegura que tiene todo en regla.

Según el fisco argentino, la empresa Uber tiene una deuda de tributos e impuestos a la seguridad social por 358,7 millones de pesos argentinos, lo que equivale a 7,8 millones de dólares, al cambio de este lunes ($ 46 por dólar).

Según la información oficial, corresponden a los períodos fiscales 2016 y 2017.

“La Afip encontró que, de los fondos cobrados por los viajes en el país, todo el dinero se transfirió al exterior. Con posterioridad, el porcentaje correspondiente a cada conductor regresó a la Argentina por medio de al menos tres entidades financieras”, publicó Clarín.

Por otra parte, un dato clave que puede llegar a determinar la instalación definitiva o no de este tipo de servicios de traslados en la Argentina: la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social de la AFIP estableció que los choferes de Uber son empleados en relación de dependencia y no trabajadores independientes, como sostiene la empresa.

En su resolución, la entidad argumenta que la relación de dependencia puede advertirse por múltiples factores: como por ejemplo, que es la empresa (Uber) la que fija la tarifa y el recorrido; y, en base a las calificaciones del pasajero, puede “desconectar” al chofer, quien, además, no cobra directamente, sino que es “Uber quien le deposita la remuneración en una cuenta que debe tener a tal fin”.

El organismo que se encarga de la recaudación impositiva en el país dice que Uber creó un “entramado de sociedades”, compuesto por empresas locales y extranjeras para “dificultar la identificación de los responsables de llevar adelante la actividad de transporte de pasajeros”.

La Afip dice que al no pagar impuestos por unos 16.000 conductores, la empresa impide que esos trabajadores tengan, al igual que otros en situaciones similares, vacaciones, aguinaldo, obra social, aseguradora de riesgo y una futura jubilación.

Uber desembarcó en Argentina sin tener todas las autorizaciones en regla.

Uber niega todo

La compañía de traslados con base en los Estados Unidos se defendió emitiendo un comunicado.

Allí consigna que aún no ha recibido una notificación formal de Afip sobre proceso alguno, pero que en “atención a la información difundida, Uber aclara que paga todos los impuestos, y que está a disposición de cualquier consulta”.

Respecto de la relación con sus “socios conductores” (así los define), Uber dice que hay una sentencia firme que destaca que la compañía “no evadió aportes de la seguridad social, ya que no corresponde su pago por la naturaleza de la actividad que realizan los conductores”.

También dice que “Uber paga impuestos a las Ganancias como toda compañía internacional que presta este mismo tipo de servicios y todos los impuestos que le corresponden por su actividad de promoción en la Argentina”.

Este problema para Uber es uno entre los tantos que ha tenido en Buenos Aires para poder operar.

Por un lado, por un fallo adverso, no puede se pagar con tarjeta de crédito, una de las principales ventajas comparativas respecto de los taxis: Uber funciona precariamente con pagos en efectivos y sistemas de billetera virtual.

Al mismo tiempo, otro fallo le ordenó a las operadoras de telecomunicaciones que bloquearan el acceso a la aplicación de Uber, medida no se pudo llevar a cabo porque Telecom, Claro y Movistar dijeron que era “técnicamente imposible”.

Además de los ataques de taxistas, hay otro problema para Uber: la primera sentencia en un juicio cuya sentencia llegó en septiembre pasado obligó a Uber y a su CEO en el país, Mariano Otero, a pagar multas por haber realizado actividades lucrativas en el espacio público sin autorización. Fallo que está en proceso de apelación.