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El gobierno de EEUU tomó una decisión que pondrá en riesgo los ingresos de las Big Tech

Con EEUU de nuevo dispuesto a cooperar con las demás potencias, incluso se podrían crear nuevas leyes de competencia contra las Big Tech
  • Inicialmente, EEUU se opuso a las pláticas de los impuestos digitales promoviendo una cláusula de “Safe Harbor” para marcas americanas

  • Básicamente, esta propuesta habría hecho que las Big Tech de la Unión Americana pudieran decidir si ajustarse o no al marco legal global

  • Lo anterior, al parecer de muchas naciones en el G20, simplemente hacía inútil la propuesta de establecer un código internacional

La Casa Blanca de Joe Biden acaba de tomar una decisión, diametralmente opuesta a la de su predecesor, que pondría en problemas a las Big Tech a corto plazo. En datos de Reuters, los Estados Unidos (EEUU) acaban de retirar su oposición oficial a la propuesta de un impuesto digital global para empresas como Facebook, Apple y Google. Este cambio de postura se da en el marco de la reunión de banqueros centrales y ministros de finanzas del G20 este viernes.

No solo la decisión de EEUU para apoyar la creación de un esquema impositivo internacional para las Big Tech ha sido muy bien recibido por el resto de las economías del G20. También en datos de la agencia de noticias, permitiría desarrollar un marco legal en tan solo unos meses. De acuerdo con el Ministro de Finanzas de Francia, Bruno Le Maire, no solo ya es posible llegar a un sistema global. Además, podrían tener listas las reglas para este mismo verano.

Tal vez más importante aún, esta apertura de EEUU podría afectar mucho más que los bolsillos de las Big Tech. También en datos de Reuters, ha hecho que otras economías líderes estén ya considerando la creación de marcos regulatorios internacionales en otros temas. El ministro digital de Reino Unido, Oliver Dowden, señaló que quiere desarrollar un sistema legal global en materia de competitividad. Este trato, sin embargo, primero sería discutido solo entre el G7.

Problemas graves para las Big Tech

Este cambio de postura en torno al impuesto legal global dista mucho de la posición que el ex-presidente Trump defendió a lo largo de su presidencia. De acuerdo con el New York Times, su administración no solo abandonó las negociaciones con sus aliados europeos en junio del año pasado. Además, amenazó al G20 con tomar represalias contra las naciones que avanzaran con el plan de crear un impuesto contra las Big Tech, un grupo en su mayoría estadounidense.


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Ahora parece que la peor pesadilla de Google, Facebook, Amazon, Apple y Microsoft, entre otras, está a al vuelta de la esquina. Y es que el tema de cómo cobrar impuestos a las Big Tech ha sido motivo de enorme controversia por varios años. De acuerdo con The Guardian, en octubre se acusó a estas compañías de evadir sus responsabilidades impositivas en los países más pobres. Esto les permitió ahorrarse más de dos mil 800 millones de dólares (mdd).

Y con el apoyo de los EEUU, es poco probable que algún agente salga en la defensa de las Big Tech, fuera de ellas mismas. Organismos como el Foro Económico Mundial (WEF) por años han defendido la necesidad de establecer un sistema de impuestos digitales a escala global. No solo porque podrían ayudar a que cada país tenga una economía mucho más robusta. A la vez, es crucial para asegurar un piso parejo que fomente la competitividad y la innovación.

Antecedentes de la discusión del impuesto digital

Ante la falta de un consenso global sobre cómo tasar las actividades comerciales de las Big Tech, cada país ha ido creando su propio marco legal. En lugares como Reino Unido, sin embargo, la animosidad de los EEUU bajo el mandato de Trump parecía estar derrumbando la efectividad de estas legislaciones. Incluso, se consideró suspender la recaudación, pues no compensaba los ingresos que se perderían por perder a la Unión Americana como aliado.

En otros países, la idea de un impuesto digital a las Big Tech no ha sido bien recibida por los consumidores. En México, la decisión significó que el costo adicional no fue absorbido por las compañías, sino que se trasladó directamente a los consumidores. Esto provocó la ira del público en general, tanto contra las marcas afectadas como contra las autoridades. Incluso se pensó que algunas compañías podrían decidir salirse definitivamente del país a corto plazo.

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