• Mastercard asegura que las acusaciones de cobros exagerados a sus clientes son muy serias, y las ha negado fervientemente

• De acuerdo con la demanda colectiva, se le acusa a la institución de incrementar los costos de sus tarifas de transferencia

• Este costo adicional fue transferido a su vez a los consumidores, afectando el precio final de productos y servicios comprados con tarjeta de crédito

Si los abogados de Mastercard no se salen con la suya, la gigante financiera podría pagar unos cinco mil 796 millones de dólares (mdd) a consumidores que ya fallecieron. En datos de Reuters, la institución financiera está trabajando para retirar a 14 millones de clientes de una demanda colectiva que enfrenta en Reino Unido. Esto, porque los consumidores en cuestión ya fallecieron y un proceso legal “no puede realizarse en nombre de una persona muerta”.

La demanda en cuestión asegura que Mastercard hizo cargos excesivos a más de 60 millones de personas en Reino Unido. De estas personas, 14 millones fallecieron entre 1992 y 2008, el periodo en el que se habrían realizado estos cobros adicionales. Walter Merricks, que está liderando el caso, apunta que los herederos de estos individuos también deben tener derecho a la compensación. En total, la institución tendría que pagar alrededor de 19 mil 300 mdd.

Reuters afirma que cada consumidor afectado en la demanda colectiva de Mastercard podría ser acreedor a un pago de 300 libras esterlinas. Lo anterior, multiplicado por los 14 millones de clientes fallecidos, significarían alrededor de cuatro mil 200 millones de libras, o cinco mil 800 mdd, solamente a este grupo de consumidores. Mark Hoskins, representante de la institución, además quiere evitar que el gobierno apruebe aplicar intereses compuestos a la penalización.

¿Puede Mastercard sacar a sus clientes fallecidos de la demanda?

El caso del que se está defendiendo la institución financiera es fascinante. Hay varios agentes en el ámbito legal que analizan cómo la muerte puede tener efectos en una demanda como la que enfrenta ahora Mastercard. De acuerdo con Wagner Sidlofsky LLP, la muerte de una de las partes no significa automáticamente que el proceso se suspende. Pero sí se tiene que hacer un análisis profundo para ver si se aplican las condiciones para continuar con este proceso.

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Pero en el caso específico del caso de Mastercard, no se trata de un proceso que estaba en marcha cuando murieron los clientes. De acuerdo con Reuters, los clientes fallecidos murieron entre 1992 y 2008. Y el caso apenas se trajo contra la institución financiera hasta 2016, mucho después de ese periodo. Según Legal Talk Texas, no se permite que una persona muerta lance un nuevo proceso legal, como parece ser la intención expresa en este caso de Reino Unido.

De hecho, hay ejemplos de cortes que han desestimado casos enteros porque una de las partes estaba muerta antes de comenzar la demanda. Según KPM Law, en 2017 se desestimó un caso valuado en 100 mil dólares simplemente porque la persona que presentó el recurso legal lo lanzó en contra de una persona fallecida. En este sentido, parecería que Mastercard tiene las de ganar, al menos en lo que respecta a casi cinco mil 800 de los 19 mil 300 mdd.

El daño a la marca ya está hecho

A pesar que Mastercard pueda evitar que se cuenten a consumidores muertos en la demanda colectiva, lo cierto es que el impacto a su marca ya está hecho. Este tipo de procesos legales jamás dejan bien paradas a las compañías, sin importar si la resolución es favorable o no. En México, por ejemplo, a mediados del año pasado se presentó un proceso contra Palacio de Hierro. La noticia manchó el nombre de la marca, consolidando su branding en ecommerce.

Un caso similar, también en México, se dió en contra de AT&T hace solo unas semanas. Muy similar al caso de Mastercard en Reino Unido, el proceso también terminó por involucrar a las autoridades de gobierno. Eso, porque Profeco se involucró como coordinadora de la demanda colectiva. El branding de esta telecom ha sufrido mucho luego de haber sido calificada como abusiva y dañina contra el público por la organización pública, sin contar el costo económico.